Por Magda García
Cuernavaca, Morelos; 24 de noviembre de 2017. La mañana de este viernes mediante su comunicado de prensa 1504/17 la Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre la detención de personas que contaban órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y explotación en las modalidades de mendicidad forzada y sexual.
En el comunicado cita que como parte del en el marco de la Operación ROCA II “Rompiendo Cadenas” contra la Trata y Tráfico de personas, se desplegó este operativo no solo en Morelos sino también en el Estado de México en el cual participaron no solo policías federales sino también personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad adscritos a la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
Revela que se ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y explotación en las modalidades de mendicidad forzada y sexual.
Tras el operativo en Morelos realizado en dos viviendas de la Calle Coyotepec y Francisco J. Mujica de la colonia San Cristóbal se aprehendió a dos personas como posibles intervinientes en los hechos que la ley señala como el delito de trata de personas y explotación sexual, a través de la prostitución, cita que uno de los dos inmuebles cateados funcionaba como un SPA irregular, sitio en el que fueron rescatadas cuatro mujeres de nacionalidad venezolana quienes eran obligadas a ejercer servicios sexuales; asimismo se aseguró un vehículo e indicios diversos.
En el segundo operativo, llevado a cabo en Coacalco, Estado de México, se cateó un inmueble en el que se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas por los delitos de trata de personas y explotación, a través de la mendicidad forzada, allí se rescataron a cuatro niños de nacionalidad hondureña que eran utilizados para pedir caridad en una avenida de gran afluencia vehicular del municipio mexiquense.
Con estas acciones, se refrenda el compromiso del Gobierno de la República de utilizar todos los mecanismos jurídicos para combatir la trata de personas y garantizar un efectivo derecho de las víctimas al acceso a la justicia.