Silvia Lozano Venegas
Cuernavaca, Morelos; 9 de septiembre de 2019. La diputada del Partido del trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruíz respaldó a Jessica Marisol Millán, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) quien denunció a su jefe, Jonathan Baltazar Mejía, director de infraestructura, por presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos de cuatro programas sociales de esa dependencia.
En conferencia de prensa, la diputada Tania Valentina acompañada por Jessica Marisol Millán, anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Auditoría Superior de la Federación en contra de Jonathan Baltazar Mejía, director de infraestructura de la Sedeso, por el presunto desvío de recursos de, al menos, dos millones y medio de pesos de cuatro programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
La diputada Tania Valentina comentó que hará todo lo posible porque los recursos de esos cuatro programas sociales como el de Migrantes, del Fondo de Infraestructura Social, Atención a Adultos e Indígenas, no se desvíen, ya que corresponden alrededor de 500 mil pesos por cada programa que harían una suma de dos millones y medio de pesos que se desconocen a qué bolsa irán a parar.
Lo anterior, luego de que Jessica Marisol Millán, quien es trabajadora de la Sedeso, denunció que Jonathan Baltazar su jefe directo, le pidió sacar de los programas sociales, dinero en efectivo para gastos indirectos y como se negó, la ha amenazado.
Marisol Millán aseveró que Jonathan Baltazar, también buscó que le den dinero en efectivo y como el titular de Obras Públicas, no se prestó quiso cambiar los programas por otros, como regalar tinacos y baños secos para que no pasen por la Secretaría de Obras Públicas, por instrucciones de su jefe y que ella ha escuchado que se dirige como su jefe a Ulises Molina Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Toda vez, de que la administración pasada dejó de ejercer 26 millones de pesos para el programa federal del Fondo de Infraestructura y con esta administración se recuperó el recurso y decidieron invertirlo en escuelas a pesar de que no es el propósito del programa y contrataron diez compañías, a través del «consorcio de empresas», que no licitaron y son de otros estados.
Reveló que por tratar de sacar dinero en efectivo de los diferentes programas, obedece el retraso en la entrega de los apoyos.
Señaló que ante esto, le pidieron la renuncia y acudió ante el Instituto de la Mujer y la Fiscalía General del Estado y desconoce si iniciaron algún procedimiento.
Ante esto pidió el apoyo de los diputados y sólo la legisladora Tania Valentina Rodríguez la apoyó.
