Reveló que lo que más les preocupa es su situación legal, porque durante la pandemia hubo 16 sentencias, entre ellas una de 12 años que es la que más les llama la atención, cuando los juzgados estuvieron cerrados, “no sabemos si la hicieron en la cama, en el baño, si los juzgados estuvieron cerrados y nos preocupa en qué términos se hicieron”.
Mencionó que en su caso fue sentenciada a 9 años de prisión por el delito de trafico de indocumentados, que actualmente está libre, después de cuatro años de estar presa, pero que en febrero del 2019 fue absuelta y a los tres días el Ministerio Público le apeló y es la fecha que no han modificado su sentencia y no sabe si la van a regresar a la cárcel u obtendrá libertad definitiva pero que no puede hacer su vida normal y tiene tres hijos.
“No puedo tener acceso a cuentas bancarias ni pedir depósito, que me manden dinero porque tengo una alerta y estoy presa afuera y tengo tres hijos”, lamentó.
Insistió que las internas de los centros penitenciarios federales están en abandono y con la pandemia se agudizó porque además de que no cuentan ni con jabón, toallas sanitarias, gel antibacterial, cubre bocas, no pueden ver a sus hijos por falta de recursos y porque las visitas están restringidas desde marzo a pesar de que ya se abrieron bares y otros lugares.
Aseveró que a través de su colectivo han dado clases en línea a las ex reclusas porque no hay un Centro de Reinserción Social que hace falta porque se supone que está lo peor del país.
En cuanto a la pandemia señaló que no hay medidas de higiene y los custodios pueden ser fuente de contagio y tienen el conocimiento que al menos tres internas fueron aisladas por covid-19.
Lamentó que desde hace tres meses enviaron el escrito al mandatario federal y no han obtenido respuesta.
