En entrevista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, reveló que a la par de la Comisión de Derechos Humanos que interpuso una controversia constitucional por la Ley de Videovigilancia, el organismo que representa promovió tres amparos para frenar su aplicación y la justicia federal declare su improcedencia.
Señaló que dicha ley vulnera la privacidad de los negocios y de los ciudadanos, además que, los empresarios no fueron tomados en cuenta por los legisladores y por ello el rechazo.
Manifestó que es como un “Big Brother”, porque vulnera los derechos y privacidad de los negocios, empresas y ciudadanos, que quizá si abarcara la vía publica estuvieran de acuerdo, pero no es así y por ello la inconformidad.
Confió que la ley se revierta, debido a que es excesivo y no fue consensuada.
