Forman organismos empresariales y Derechos Humanos bloque opositor a Ley de videovigilancia, con amparos y acción de inconstitucionalidad

Representantes empresariales y de Derechos Humanos

Magda Díaz

Cuernavaca, Morelos; 8 de octubre de 2020. Organismos  adheridos a la Consejo Coordinador Empresarial (CEE)  en Morelos,  como la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),   Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores  (AMDA), la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos (ADICE)  promovieron juicios de amparo contra la Ley de video vigilancia  por considerar que la misma se contrapone al citar que es un convenio pero este obliga a las unidades económicas.

De igual forma criticaron que los agrupaciones de la iniciativa privada no hayan sido tomados en cuenta para su robustecimiento, consideran que la Ley de Video vigilancia fue una imposición de parte de la actual legislatura.

“Los organismos empresariales hemos presentado juicio de amparo contra dicha Ley y la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  a toda luz es incongruente la ley no fue consensuada con  las cámaras del sector privado, se considera que el proceso legislativo no fue legal, atenta contra las comunicaciones privadas, se imponen cargas y obligaciones desmedidas como proporcionar la base de datos de los trabajadores”, explicó el líder empresarial, Antonio Sánchez Purón.

En este mismo acto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDHM), citó que el organismo interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por considerar que la Ley aprobada por los integrantes de la 54 Legislatura violenta garantías del sector empresarial, mismo que ya fue debidamente aceptada.

Raúl Israel Hernández Cruz dijo que la  aprobación y expedición de la Ley de Video vigilancia viola normas de procedimiento para emitirlas y violaciones a la Constitución Política Mexicana  que protegen los derechos a la privacidad, intimad de las personas.

Destacó que previo a la aprobación de leyes en Morelos, los diputados deberían convocar a mesas de trabajos con quienes pudieran ser afectados a fin de las mismas posteriormente no  sean rechazadas.