No llegó una presidenta autoritaria,
llegó una presidenta demócrata,
pero no vamos a caer en provocación.
Claudia Sheinbaum
Por Laura Cevallos
Dos ministras de la Suprema Corte de ¿Justicia? de la Nación, durante la discusión para admitir la controversia contra la Reforma al Poder Judicial, recién aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras, consideraron que la reforma a la constitución es un “golpe de estado técnico”. Utilizan esta idea de ilegalidad para causar conmoción y continuar con el golpe blando, iniciado hace seis años, siendo ahora los ministros, los protagonistas del foco mediático que todavía puedan promover. Ellos, los máximos legalistas del país, saben que intentar la revisión de la Reforma Constitucional es ilegal y, sin embargo, lo intentarán, a pesar de que su movimiento es político y no jurídico.
Están volviendo a agitar las aguas, a ver si provocan a la Presidenta para que declare un juicio político o traición a la patria y demostrar que el gobierno autoritario que tanto han deseado, se materialice; pero nada más lejos de la realidad democrática, que significa que el demos, el pueblo, ha decidido por mayoría en las urnas, que las propuestas de reforma aprobadas y las que vendrán, son órdenes que el pueblo mandata a su Presidenta y a sus representantes en las Cámaras.
Lo que duele a la casta dorada, a la élite del Poder Familiar de la Federación no es la pérdida de derechos de la base trabajadora, que abanderan desde el inicio del paro, el 19 de agosto, devengando un salario que no se están ganando -ninguno de todos-, porque los salarios, prestaciones y todos esos derechos los tienen garantizados, aunque tengan 52 días de paro ilegal y que nos tienen en un estado de inseguridad, porque no hay quien haga justicia, estos días. Lo que los mueve es lo que ven perdido: los privilegios. Ese trato diferenciado que reciben en salarios y prestaciones, pero además, en el abuso de prebendas, que ya es un pleonasmo en sí mismo; que ya no podrán seguir colocando a sus amigos, parientes y familiares en los diferentes órganos jurisdiccionales y porque ya no serán el directorio que tire leyes de un plumazo, en obediencia a los deseos de quienes financiaron sus propios nombramientos en los cargos de privilegio.
El momento político de México es de conciencia tal, que nos ocupamos de apoyar un proyecto sexenal que se comprometió a hacer valer la Constitución y todas las leyes, de manera irrestricta y por eso, el espíritu de la misma Carta Magna en relación a los mecanismos de cambio de régimen y autoreforma, son inalterables e inalienables, o sea que no los puede modificar un grupito de 8 togados y no debemos permitir que los menos, decidan a nombre de los más.
Solo como adenda, cada uno de los 364 diputados de la coalición de mayoría, representa aproximadamente a 264mil, de los más de 132 millones de habitantes de México, es decir que, en total, llevan la voz de más de 96 millones de personas que decidimos que serían ellos los autorizados para aprobar esas reformas propuestas por el ahora expresidente López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién tiene mayor peso, ellos, los 8 de la Corte, o el Pueblo?
