El objetivo es que haya vivienda de bajo costo
para que tod@s tengan acceso,
porque la vivienda es un derecho, no un negocio
Por Laura Cevallos
Mientras la población de muchos países crece de manera geométrica, el número de viviendas no crece en la misma proporción. Esto se debe, en gran parte, a la mala planificación y a la deficiente distribución de servicios, además de problemas como la corrupción y la voracidad del modelo neoliberal.
Tomemos como ejemplo dos situaciones contrastantes. Este fin de semana, miles de personas en España marcharon en protesta por la llamada «ley de vivienda basura» de 2023, que ha permitido a los especuladores apoderarse de los mercados de alquiler. Las rentas han alcanzado niveles que consumen más de la mitad del salario de los inquilinos. La compra masiva de viviendas públicas para convertirlas en alquileres temporales ha llevado a una falta de regulación en los precios y a desalojos cuando los inquilinos no pueden pagar. Esto ha transformado el uso del suelo, de residencial a turístico, encareciendo la vida en las ciudades. La crisis ha impactado en cada rincón de España, violando el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 47 de su Constitución. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido negligente en la aplicación de la ley estatal de vivienda, permitiendo la renta ilegal de «pisos turísticos». Actualmente, el precio promedio por metro cuadrado para un departamento es de 20 euros, lo que significa que un apartamento de 75 metros cuadrados puede costar alrededor de 1,500 euros al mes, aproximadamente 31,600 pesos mensuales. Para colmo, las autoridades fiscales no exigen lo justo a los grandes empresarios de la vivienda, mientras que los empleados son presionados con impuestos que complican aún más su situación económica.
En México, la situación se encaminaba en una dirección similar. Sin embargo, desde la llegada de la Jefa de Gobierno en 2018, los ciudadanos de la capital han comenzado a ver un freno en la construcción desmedida de complejos habitacionales inasequibles. Antes, los especuladores construían grandes edificios en terrenos destinados a casas pequeñas, alterando el uso del suelo y aprovechándose de las necesidades de quienes buscan una vivienda propia. Recordemos la crisis generada por el Cartel Inmobiliario y sus esquemas de construcciones irregulares, a cambio de sobornar a los jefes delegacionales.
Esta mañana, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció un programa que atenderá la necesidad de un millón de familias en todo el país. Este programa se diferencia de los anteriores, ya que se basará en estudios socioeconómicos y no permitirá que se destine más del 30% del ingreso familiar al pago del crédito. Las nuevas viviendas se construirán cerca de zonas industriales, educativas, comerciales y de salud, con un enfoque particular en jóvenes, mujeres jefas de familia, población indígena y adultos mayores. La mitad de las viviendas se destinarán a quienes no tienen seguridad social, mientras que las otras 500,000 estarán dirigidas a derechohabientes. Lo más importante es que se priorizará la renta social, con la opción de compra después de un tiempo de alquiler.
La diferencia entre un gobierno que se presenta como progresista y uno que actúa desde una perspectiva humanista es evidente. Creer que se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos solo a través de discursos es un error. La verdadera vocación de un gobierno democrático y popular es abordar los problemas de raíz y generar cambios reales y profundos.
