
Por Magda García
Cuernavaca, Morelos; 12 de enero de 2015. El Fiscal General del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado y el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina anunciaron el protocolo del Estado de Morelos para el blindaje electoral.
Mediante la lectura de un comunicado de prensa el encargado de la política interna explicó que la puesta en marcha de este protocolo se realiza con la intención de garantizar la aplicación del Estado de Derecho para fortalecer la democracia en condiciones de legalidad dentro del proceso electoral.
Mediante nueve puntos Quiroz Medina puntualizó que el protocolo tiene por objeto blindar las elecciones de este año.
Se solicitó la colaboración de los partidos políticos y ejecutivo del Estado a fin de que los perfiles de sus candidatos a cargos de elección popular o mayoría relativa estén libres de infiltraciones de actores vinculados con actos delictivos.
Se dijo que los dirigentes de los partidos políticos deberán comprometerse a hacer una investigación de sus aspirantes a ocupar cargos a fin de que quienes se postulen no tengan nexos con la delincuencia.
Asimismo se busca que los candidatos se comprometan a otorgar la información financiera y patrimonial.
En caso de que así se requiera se puso a disposición de los partidos políticos realizar investigaciones y exámenes de control de confianza de los candidatos que accedan someterse a los mismos.
Finalmente se indicó que el siete de junio se desplegará vigilancia a fin de que la votaciones transcurran de forma tranquila.
El que ya hizo un pronunciamiento en torno a este protocolo fue el coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Morelos, Luis Alberto Machuca, quien lamentó que el Poder Ejecutivo no haya tomando en cuenta a las fuerzas políticas.
«Es desafortunada la decisión también que el Gobierno como muchas otras que ha tomado este gobierno encabezado por Graco Ramírez en el sentido que ni siquiera ha tomado en cuenta a las fuerzas políticas para tomar esta determinación.
Expresó que es de suma importancia saber la situación patrimonial de los candidatos previo a entrar a un cargo, esto a fin de prevenir enriquecimiento ilícito.
«Necesitamos que haya las condiciones necesarias de seguridad y certeza y sobre todo de justicia para que las cosas se vayan dando como deben de ser», concluyó.




