Por la redacción
Foto: Marco Barberi
Tlaquiltenango, Morelos; 28 de enero de 2015. . El comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Jesús Capella Ibarra, arribó la mañana de este miércoles a las instalaciones del ayuntamiento de Tlaquiltenango para hacer entrega formal de la notificación correspondiente a las autoridades locales, donde refiere que el gobierno Estatal asume nuevamente la seguridad del municipio, ya que se trata de un decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
Capella Ibarra refirió que esta acción es con el objetivo de evitar la intromisión de cualquier fuerza delincuencial que pudiera afectar a la ciudadanía y como resultado de la no certificación de ciertos funcionarios de orden municipal que fueron señalados de tener relación con grupos delictivos.
«Simplemente decirles que un servidor en este momento es el responsable de la Seguridad Pública en este municipio, y que ya todos los elementos municipales están notificados del tema, y estarán trabajando bajo nuestro mando. El día de mañana analizaremos la posibilidad de que aquellos que estén certificados, puedan contar nuevamente con las armas que retiramos”, dijo el comisionado Capella a su llegada al palacio municipal.
El comisionado anunció el nombramiento del nuevo responsable de Seguridad Pública, el comandante Pedro Antonio Rosas, quien ya era el titular del Mando Único en este municipio antes del retiro de las armas el pasado 11 de diciembre, así como la llegada de 100 elementos más, que se sumarán a la labor preventiva y policíaca de Tlaquiltenango, e hizo un llamado a los funcionarios públicos a conducirse en legalidad y respeto; y en caso de cometer irregularidades o arbitrariedades en contra de la ciudadanía, se realizarán los procedimientos competentes, advirtió.
Cabe señalar que el Alberto Capella refirió que la notificación fue entregada de manera personal por cortesía ya que no era necesario después de su publicación, pero en la sede del Ayuntamiento sólo se encontró a la regidora Noemí Ramírez Salgado, quien recibió el ejemplar del Periódico Oficial donde aparece dicho decreto.
Finalmente refirió que si el alcalde Mauricio Rodríguez González quisiera entablar algún diálogo, tendrá que ser él quien lo busque “pues las asperezas se han generado de parte de ellos (cabildo) con las decisiones que se han tomado, fuera de contexto y falta de cortesía con el Gobierno del Estado», dijo Capella.
Además señaló que la decisión que tomó el cabildo, «estuvo fuera de contexto, desde mi punto de vista respetuoso, y fue muy absurda, y no podemos poner en riesgo a la ciudadanía porque no queremos otro Iguala u otras circunstancias que pudieran vulnerar la vida de los habitantes del municipio», indicó.
Por su parte la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) consideró la decisión del gobierno del estado como una «imposición», y fijó su punto de vista de la siguiente manera: «Aún cuando el Mando Único se está discutiendo en el Senado de la República para su legislación en todo el país por iniciativa de Peña Nieto, reclamada como si fuera de su autoría por Graco Ramírez, y en realidad iniciativa panista durante el gobierno calderonista, tiene un origen claramente autoritario y centralista.
“La propuesta de Mando Único Policial, además de que trastoca al Municipio Libre, es regresiva, pragmática y reactiva; responde a la lógica de la Economía del Mercado más que de un Estado garante de los Derechos Humanos y del Desarrollo Humano…», se lee en el comunicado del organismo independiente.
