Autor: Redaccion

Por Silvia Lozano Venegas

Cuernavaca, Morelos; 17 de abril de 2018. Roberto Ruiz Silva, secretario de Desarrollo Agropecuario, dio a conocer que el rastro de Cuernavaca hay un descuido en términos de cumplimientos de las normas que deben guardar estos establecimientos.

Explicó que en un rastros es necesario asegurarse de la legal procedencia del ganado, que no lleguen alimentados con sustancias prohibidas, que no lleguen enfermo de brucella y de tuberculosis, que afectan a los humanos, por esos es obligación que en cada rastro un médico veterinario certifique la calidad  e inocuidad de la carnes y la inocuidad, y esa responsabilidad en muchos rastros no se cumple; y el rastro de Cuernavaca es que reporta más fallas.

Dijo que en la actualidad en Morelos hay 21 rastros en el estado; 18 municipales, tres privados.

En el rastro de El Llano, en Miacatlán, se cumple con todas las normas, además, tiene capacidad para sacrificar 100 reses en un turno y en dos turnos 200 reses.

Invitó a los municipios a que vayan sacrificar el ganado al rastro de Miacatlán, porque tiene control de calidad y eso evita que la gente consuma carne sana.

Por Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos; 16 de abril de 2018. Alejandro Vera Jiménez lamentó que los programas para la reconstrucción anunciados por el gobierno estatal y el federal no hayan cumplido el objetivo de resarcir el daño a las víctimas del sismo.

Dijo que siete meses después, nadie sabe dónde están los recursos para la reconstrucción del patrimonio de miles de familias. En Jojutla, por ejemplo, las familias tuvieron que recurrir a la toma de oficinas para obligar a las autoridades federales y estatales a ponerse de acuerdo. Ahí nos enteramos que el gobierno de Morelos, fiel a su tradición, no había entregado los recursos que le correspondían.

El candidato a gobernador por el Partido Nueva Alianza explicó que, en Morelos, hubo nuevos recursos para la reconstrucción y éstos fueron conseguidos de nueva cuenta con la contratación de un nuevo préstamo “que hincha aún más la onerosa deuda que deja el actual gobierno de Graco y que se acerca a los 10 mil millones de pesos”.

Y preguntó: ¿Dónde están los recursos de la reconstrucción? ¿Por qué, siete meses después del sismo, miles de familias continúan viviendo en casas de campaña o prácticamente a la intemperie? ¿Por qué miles de estudiantes de primaria, secundaria y otros grados continúan estudiando en predios o edificios que no son idóneos para el hecho educativo?

“Son sólo tres preguntas que los ciudadanos y las ciudadanas continúan haciéndose en las calles. Es fundamental que el gobierno rinda cuentas y responda dónde están las recursos de la reconstrucción. O, ¿acaso están guardados para utilizarse en la próxima campaña electoral?”, concluyó.

 

Por Magda García

Xochitepec, Morelos, 16 de abril de 2018. La  Juez de control y enjuiciamiento del Tribunal unitario de Justicia Penal para Adolecentes, Erika Sobeida Juárez Portillo, precisó que la adolescente de 14 años que el  pasado 30 de marzo, al parecer ocasionó la muerte a su bebita, de ocho meses de gestación, tras un aborto inducido y un homicidio calificado, podría pasar hasta tres años recluida dentro del Centro Especializado en Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEEMPLA), por el delito que cometió en contra de su primogénita.

La juzgadora especializada en  asuntos de menores en conflicto con la ley, recordó que el pasado viernes determinó vincular a proceso a la menor a fin de que se esclarezca por qué  tomó la decisión de asesinar  con un arma punzo contarte al producto que tenía 38 semanas de gestación.

Refirió que los padres de la menor en todo momento los padres acompañaros a la menor, expresó que el agente del ministerio público será  la autoridad competente para poder analizar si los mismos están involucrados o no  en la comisión del delito.

“Tengo que ir más allá de las facultades para poder proteger el bien jurídico  de la adolescente y mando oficio al DIF para que verificara las particularidades de la adolescente, dónde vive, el entornó y ya ellos si creen pertinente tomaran  cartas en el asunto; por el grupo etario en el cual pertenece, es decir, la niña tiene 1catorce años, tendría  como sanción sin prejuzgar, obviamente, una  – sanción- de tres años de internamiento; no hay como datos o testigos presenciales de los hechos, que la muerte fue ocasionada por un objeto punzocortante”, declaró la juzgadora.

Esta es la primera ocasión en la cual juzgadores del  Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolecentes, atienden asuntos de esta índole.