Cuernavaca, Morelos; 29 de agosto de 2018. Los recursos destinados a las universidades públicas autónomas han sido restringidos en los últimos gobiernos lo que ha generado que ahora por lo menos 10 universidades públicas estatales sufran una severa crisis presupuestal que las tiene al grado del colapso, como ocurre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), afirmó Adán Arias Díaz, director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
Durante el programa Panorama de Opinión que se transmite por Radio UAEM, Adán Arias Díaz y el investigador del Centro Interdiciplinario e Investigación en Humanidades, Roberto Monroy, analizaron las consecuencias de la insolvencia económica en la universidad y el impacto que tiene en la sociedad.
Adán Arias señaló que el colapso financiero es inminente en la UAEM para el mes de septiembre, aunque esta problemática no es reciente y se debe en gran parte al incremento de las pensiones, jubilaciones y de la matrícula, “porque en consecuencia, crece la necesidad de recursos humanos calificados, más la infraestructura, con laboratorios y aulas”.
Para Roberto Monroy, los saberes y conocimientos que se desarrollan en la universidad no tienen que estar condicionados por factores como la economía, “un científico o un filósofo no va a dejar de trabajar por una condición económica, aunque evidentemente la crisis nos hace pensar lo contrario, pues la falta de presupuesto le pega duro a la impartición de los saberes”, dijo.
Agregó que desde las humanidades, la ciencias, las artes, se debe pugnar por la defensa de la universidad publica y pelear porque la universidad siga existiendo en mejores condiciones.
Por su parte, Rubén Toledo Orihuela, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), dijo que la insolvencia económica en la que se encuentran ya 10 universidades públicas autónomas del país y que paulatinamente se seguirán uniendo otras más, impacta a los trabajadores en activo y jubilados, “la falta de pago afecta a quienes tienen, por ejemplo, créditos del Infonavit y servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto genera deudas extras y una crisis para las familias”.
Toledo Orihuela además dijo que los más de 40 mil estudiantes saldrían afectados en su desarrollo académico, “no veo a la universidad cerrada, creo que nos vamos a unir al reclamo de los estudiantes porque el daño también es al desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin embargo, el gobierno federal y el local no nos están dejando otra salida más que el uso de los instrumentos legales que los trabajadores tenemos a nuestro alcance para poder reclamar lo que con justicia nos pertenece”.
En ese sentido, agregó que la exigencia jurídica de los estudiantes y de los trabajadores es válida, pues el común denominador es la violación a los derechos humanos y laborales, “todos nos vemos afectados con esta crisis, incluso la sociedad, pues muchas familias dependen de los recursos que se generan por la asistencia de alumnos, trabajadores y los servicios que se ofrecen para esta comunidad”.
Recalcó que la respuesta no se encuentra en Morelos, sino a nivel nacional y es necesario hacer uso de las armas jurídicas al alcance de la UAEM y usarlas con las instancias federales, para que se brinden soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Además dijo que en este momento se vive una transición política que provoca muchos vacíos en las decisiones a nivel local y nacional, “consideramos que se debe fijar una postura clara respecto a los recursos financieros que le permitan a las universidades en crisis poder solventar esta situación”.
Los universitarios coincidieron en reconocer las gestiones realizadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán y todo el equipo de trabajo que encabeza la administración central para acercarse a las autoridades que tienen la responsabilidad de dar solución a esta crisis.
