Silvia Lozano Venegas
Cuernavaca, Morelos; 28 de junio de 2019. Francisco García Murillo, vocero de la Asociación de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada, dio a conocer que hasta el momento, han cerrado alrededor de 50 empresas del ramo, por los cobros excesivos que implementó la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
En entrevista, en el marco de la toma de protesta de la Asociación de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada que encabezó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, García Murillo dijo decidieron constituirse en una asociación ante los embates que han tenido de la autoridad, porque hay una dirección general de seguridad privada que depende de la Comisión de Seguridad Pública y a toda costa les quiere cobrar un examen de control y confianza a pesar de que no portan armas.
Dijo que no se oponen a esa medida, pero que se lo apliquen a quienes sí porten armas, además de que quieren cobrarles por un examen de sangre que cuesta 35 pesos en cualquier laboratorio y con ellos 680 pesos, examen toxicológico de dos mil pesos por guardia y si se va a otra empresa volverán a cobrar y son más de 4500 guardias.
Indicó que según su padrón de las autoridades, son 138 empresas, pero que hay cientos que están irregulares y que vienen de otros estados como Puebla o el Estado de México que no tienen ni registro y a esas no las sancionan, solo las que están bien no las dejan laborar.
Ante esta situación, hizo un llamado al Congreso para que instale mesas de trabajo para que revisen en conjunto la nueva Ley que presentó el Poder Ejecutivo para que sea coherente y no los afecte.
Por su parte, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz aseguró que se instalarán mesas de trabajo antes de que la nueva Ley sea aprobada por el Pleno, porque reconoció que son generadores de empleos, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con ellos para impulsar una ley que los beneficie a todos.
