Cuernavaca, Morelos, 16 enero 2020. La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, festejó el anuncio que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a las acciones para terminar con el abuso a la clase trabajadora, que se realiza a través del outsourcing ilegal, recordando que a quien lo practique será sancionado con prisión preventiva oficiosa y podría ser condenado hasta con 20 años de prisión.
Rodríguez Ruíz aseguró estas medidas son una muestra más del avance en el proyecto de la 4T y que coinciden totalmente con la base y los principios de las diputadas que integran el GPPT en el Congreso de Morelos, quienes están de lado de todos aquellos mexicanos que en la búsqueda de tener un empleo digno para llevar el sustento a sus familias, se enfrenta a un sinnúmero de injusticias.
Calificó como indignante el despido que se hace a miles de trabajadores con el objetivo de no pagarles prestaciones, ya que según datos del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, en diciembre de 2019 se detectaron 14 mil 553 empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal afectando a más de 64 mil trabajadores en el país.
La diputada petista, celebró que se esté revisando la problemática de la subcontratación abusiva, mediante la cual se defrauda a los trabajadores, a sus derechos básicos incumpliendo también con los institutos de seguridad social, el IMSS, el Infonavit, entre otras afectaciones, e indicó que según información de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran subcontratados ilegalmente.
Asimismo, subrayó que recientemente a nivel federal se aprobaron reformas para castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas las empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal.
Destacó que según la Procuraduría Fiscal de la SHCP, quien contrate este tipo de servicios corre riesgos de que se le inicie una investigación, se presente una querella, se gire orden de aprehensión y pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión.
Tania Valentina enfatizó que en este tipo de prácticas, se traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias encubriendo la relación laboral para incumplir con las obligaciones laborales o de seguridad social, lo que afecta gravemente a los trabajadores y a sus familias, por lo que dijo, es grato constatar el avance en los principios de la 4T que protege a los ciudadanos de manera honrada buscan ganarse el sustento, y por quienes el GPPT ha luchado y continuará de su lado, para que se les reconozcan y otorguen los derechos adquiridos al ser contratados.
