Carlos Quintero J.
Xochitepec, Morelos; 7 abril 2020. La jueza de Ejecución de Sanciones, María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena ha dado un plazo a la autoridad penitenciaria para que, en un término de 24 horas, regrese a un grupo de Personas Privadas de Libertad (PPL) al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.
Son las personas internas trasladadas ilegalmente a la Cárcel Distrital de Cuautla, el jueves 26 de marzo, como así lo calificó en su momento, el juez Martín Domínguez Casarrubias y por ello ordenó su regresó. Pero la autoridad penitenciaria ha sido omisa en cumplir.
Por ese motivo, la juzgadora previno a la autoridad penitenciaría, en caso de no atender la resolución, impondrá una multa de 300 unidades de medida y actualización además iniciará un proceso en contra de los servidores públicos responsables.
La juez también ordenó a la Coordinación de Reinserción Social, el cese inmediato de los malos tratos, intimidación y tortura en contra de las personas privadas de la libertad y deberá de rendir un informe al respecto, en un término de doce horas.
Respecto a las personas internas, reubicadas en el Centro Federal de Reinserción Social Número 11 de Sonora, en donde también el juez Martín Domínguez no encontró justificado el traslado, existe un recurso de revisión que interpuso la autoridad penitenciaria que no ha sido resuelto.
Lo anterior, ya que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial determinó suspender las actividades del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, con el fin de sumarse a las acciones preventivas para evitar la propagación de la pandemia mundial coronavirus (COVID-19).
Sobre el caso, la juez de Ejecución de Sentencias, Leticia Damián Avilés resolvió:
“En consecuencia la determinación tomada por el Juez de Guardia el día 28 de marzo de 2020, se encuentra sub júdice por virtud del recurso de apelación interpuesto, por lo que una vez que se resuelva el recurso de apelación se tendrá que dar cumplimiento a lo que determine el superior jerárquico”.
Es decir que hasta en tanto, un tribunal de alzada no resuelva el recurso de revisión y se pronuncie al respecto de la decisión tomada por el juez, la situación jurídica se mantiene en el estado en que se encuentra.
Cabe destacar que lo anterior ocurre luego de que familiares de las personas privadas de libertad denunciaron una serie de graves violaciones a derechos humanos, a través de un escrito que hicieron llegar en su última visita a Morelos, al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
