Carlos Quintero J.
Cuernavaca, Morelos; 7 mayo 2020. A Jorge Israel Ponce de León Borquez, su fama le precede. Formó parte de “uno de los periodos más terribles que vivió Veracruz”, escribió Claudia Guerrero en su columna: Entre lo utópico y lo verdadero.
Él es parte de un grupo de servidores públicos, excolaboradores del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Ahora conforman el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en Morelos.
Ponce de León fue, en 2014, director de Tránsito estatal; cercano al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, actualmente bajo proceso por delitos de desaparición forzada de personas.
En enero de 2016, fue Director General de Prevención y Reinserción Social de Veracruz, cargo en donde destacó por violaciones a derechos humanos de personas privadas de libertad.
En noviembre del mismo año, tomó protesta como subsecretario B en la Secretaría de Seguridad Pública. Después fue nombrado delegado de la PGR en la entidad.
El lunes 1 de octubre de 2018, el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, lo eligió Coordinador General de Reinserción Social en el estado.
Personas privadas de libertad, personal operativo y administrativo de los centros penitenciarios y familiares de personas recluidas, entrevistadas, denuncian que Jorge Ponce de León cogobierna los penales con líderes de grupos delictivos.
El cogobierno deja ganancias semanales, a las autoridades penitencias, por más de un millón de pesos en la venta de droga, alcohol, prostitución, renta de protección, de celdas, de uso de celulares, “brincos” y sobornos.
Tan sólo un ejemplo: la renta semanal del “permiso” para el grupo delictivo, interesado en la venta de droga es de 300 mil pesos. Pero antes debe de pagar “una licencia” de un millón de pesos.
Los “negocios” implican a sus colaboradores: Miriam Mireles Toledo, exdirectora General de los Centros Penitenciarios; Raúl Colín Martínez, exdirector Operativo de Atlacholoaya y Jesús Francisco Flores Jiménez.
Este último, identificado con el sobrenombre de “El Paco”, es uno de los servidores públicos responsable de ingresar la droga al penal de Atlacholoaya.
“Hay un video, donde Paco está removiendo la droga y otro video de las reuniones que hacen adentro, con los encargados que venden la droga”, sostiene una de las fuentes, quien pide la reserva de su nombre.
La droga es ingresada por Francisco Flores, quien utiliza cajas de cartón y la hace pasar como si se tratara de ventiladores. Ningún agente revisa las cajas.
La red de corrupción la conforman directores, jefes de turno, supervisores, agentes de seguridad y custodia. Así lo dice otro informante desde el interior del penal:
“… todos ellos al mando del jefe de turno, Miguel Domínguez Olvera (primer turno) y Pedro Albarrán (segundo jefe del primer turno). Ambos trabajan para el comandante Paco; ellos mueven el penal, y tienen paro del coordinador”.
Esa misma red de corrupción es responsable de asesinar, torturar y castigar a personas privadas de libertad y mantiene sumido al gobierno de Cuauhtémoc Blanco en una grave crisis de derechos humanos.
