Carlos Quintero J.
Cuernavaca, Morelos; 2 noviembre 2020. Santiago D. V. y Antonio D. V., dos personas privadas de libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) “Morelos”, viven en condiciones infrahumanas: duermen en el piso en el área de “aduanas”, donde no hay luz ni agua ni un baño.
Por eso Flor E. S., esposa de Antonio, pidió una audiencia a la Jueza de Ejecución Alejandra Trejo Reséndiz, porque en teoría, ella es quien debería de garantizar todos los derechos de ellos en prisión… pero no es así.
“Están pidiendo y pidiendo, ya. Realmente ya se salió de todas las peticiones”, dijo Trejo Resendiz a la abogada defensora de Antonio, Alma Delia Astudillo Téllez, en la audiencia celebrada la mañana del miércoles 27 de octubre.
Alejandra Trejo no atendió la violación a los derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad, a pesar de que existe un antecedente: una resolución emitida por su homólogo, el Juez Martín Domínguez Casarrubias.
El pasado 28 de marzo, Domínguez Casarrubias conoció del traslado de un grupo de personas internas, entre ellos los ahora afectados, al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 11 de Hermosillo, Sonora.
El juez calificó ilegal la decisión tomada por la autoridad penitenciaria porque no presentó pruebas de la supuesta indisciplina de las personas internas y ordenó su regresó al penal de Morelos. Santiago y Antonio reingresaron el miércoles 14 de octubre.
Martín Domínguez impuso a la autoridad penitenciaria que las personas fueran reubicadas “en los dormitorios en los cuales se encontraban”, pero esta decisión no la han cumplido.
Flor denuncia a las autoridades penitenciarias: “El Comandante Domingo Olvera, nos dijo que Paco (Francisco Flores Jiménez) quiere 30 mil pesos por cada uno para pasarlos a dormitorio”.
Mientras, la Jueza Alejandra Trejo “se lava las manos” y dice que primero deben hacer su petición a la autoridad penitenciaría y agotar los recursos administrativos, después a ella, aunque ya lo han hecho.
“… Están haciendo muchas peticiones, ahorita son cinco peticiones, creo que ya las peticiones, que deba de realizar, se agenda con la respectiva anticipación”, respondió la juzgadora a la abogada defensora.
Pero lo irónico del caso es que la juzgadora se ha negado a recibir un oficio para concederles una nueva audiencia.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada el 16 de junio de 2016, busca mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
El Juez de Ejecución es la autoridad responsable de garantizar a las personas privadas de libertad todos sus derechos, especialmente condiciones dignas, tal y como establece la Constitución mexicana, protocolos y tratados internacionales.
Cuernavaca, Morelos; 2 noviembre 2020. Santiago D. V. y Antonio D. V., dos personas privadas de libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) “Morelos”, viven en condiciones infrahumanas: duermen en el piso en el área de “aduanas”, donde no hay luz ni agua ni un baño.
Por eso Flor E. S., esposa de Antonio, pidió una audiencia a la Jueza de Ejecución Alejandra Trejo Reséndiz, porque en teoría, ella es quien debería de garantizar todos los derechos de ellos en prisión… pero no es así.
“Están pidiendo y pidiendo, ya. Realmente ya se salió de todas las peticiones”, dijo Trejo Resendiz a la abogada defensora de Antonio, Alma Delia Astudillo Téllez, en la audiencia celebrada la mañana del miércoles 27 de octubre.
Alejandra Trejo no atendió la violación a los derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad, a pesar de que existe un antecedente: una resolución emitida por su homólogo, el Juez Martín Domínguez Casarrubias.
El pasado 28 de marzo, Domínguez Casarrubias conoció del traslado de un grupo de personas internas, entre ellos los ahora afectados, al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 11 de Hermosillo, Sonora.
El juez calificó ilegal la decisión tomada por la autoridad penitenciaria porque no presentó pruebas de la supuesta indisciplina de las personas internas y ordenó su regresó al penal de Morelos. Santiago y Antonio reingresaron el miércoles 14 de octubre.
Martín Domínguez impuso a la autoridad penitenciaria que las personas fueran reubicadas “en los dormitorios en los cuales se encontraban”, pero esta decisión no la han cumplido.
Flor denuncia a las autoridades penitenciarias: “El Comandante Domingo Olvera, nos dijo que Paco (Francisco Flores Jiménez) quiere 30 mil pesos por cada uno para pasarlos a dormitorio”.
Mientras, la Jueza Alejandra Trejo “se lava las manos” y dice que primero deben hacer su petición a la autoridad penitenciaría y agotar los recursos administrativos, después a ella, aunque ya lo han hecho.
“… Están haciendo muchas peticiones, ahorita son cinco peticiones, creo que ya las peticiones, que deba de realizar, se agenda con la respectiva anticipación”, respondió la juzgadora a la abogada defensora.
Pero lo irónico del caso es que la juzgadora se ha negado a recibir un oficio para concederles una nueva audiencia.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada el 16 de junio de 2016, busca mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
El Juez de Ejecución es la autoridad responsable de garantizar a las personas privadas de libertad todos sus derechos, especialmente condiciones dignas, tal y como establece la Constitución mexicana, protocolos y tratados internacionales.
