Stella Turcato
A estas alturas, Francisco Erick Sánchez Zavala ya debe conocer prácticamente todas las aberraciones administrativas y legislativas que heredó la legislatura anterior.
En su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura de Morelos, el segundo diputado estatal más votado en 2021 ya debe saber que sus antecesores dejaron deudas por demandas mercantiles, laborales, compromisos no cumplidos y una larga lista de irregularidades cometidas desde el máximo órgano directivo del Congreso.
La mayoría de esas arbitrariedades causadas por el estilo visceral, nada político, de Alfonso de Jesús Martínez Sotelo y de su partido, el PES. Pero, sobre todo, por permitir que la mano del Ejecutivo maneje los asuntos más grandes en el Legislativo, hasta hace un par de semanas.
Tanto el de Yecapixtla como la cuautlense Paola Cruz Torres, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, deben estar al tanto de las anomalías y desvíos que cometió el PES con la complicidad de los diputados que llegaron a la Cámara por otras fuerzas políticas, pero que se vendieron al partido en el gobierno, a cambio de diferentes prebendas. Irregularidades que también se fraguaron con la “colaboración” de diputadas de partidos como el PRI, PAN, MC, Humanista, el mismísimo Morena y a lo último hasta del PRD y Nueva Alianza.
Pero el entramado, para el hasta ahora perfecto saqueo de recursos de la LIV Legislatura, pudo transitar muy fluido gracias a la mancuerna de Jojutla, integrada por el diputado Ponchito y la que él impuso como secretaria de Administración y Finanzas, una experimentada en el manejo discrecional de los recursos públicos: Belén Adán Vázquez.
La relación entre ambos data, incluso, desde antes que ella fuera su tesorera cuando él presidió el sureño municipio. Acostumbrada a estar siempre al borde de la ilegalidad y la transa, Adán Vázquez fungía de facto, sin nombramiento, como “asesora de la Tesorería” del Ayuntamiento de Zacatepec, que presidía (en 2015) su suegro Abdón Toledo Hernández, y a su vez, ella era “enlace” de Sotelo Martínez en Jojutla, aunque todavía no iniciaba el proceso de entrega-recepción entre la saliente y entrante administración municipal.
Las posiciones de “asesora” y “enlace” se las habría ganado por sus dotes para operar de manera ruda en el ámbito de las finanzas públicas y usar el recurso del erario para extorsionar con fines políticos y de impunidad a toda costa.
En una nota publicada, el 16 de octubre de 2015, en el periódico La Unión de Morelos, Evaristo Torres describe así a la polémica experta en administrar el dinero público: “Adán Vázquez cobró notoriedad, cuando en abril de este año 2015 el regidor Gabriel Salazar Enríquez, dio a conocer dos grabaciones en las que el edil Abdón Toledo Hernández, en una reunión presumiblemente con regidores y la propia Adán Vázquez (en ese entonces tesorera de Zacatepec), ofreció incremento salarial a los concejales, a cambio de “planchar” las cuentas de todo el año” (Sic). Hasta ahí la publicación del diario local.
Esas habilidades extracurriculares le valieron a la contadora para que acompañara a Ponchito, primero, para que maneje el dinero del pueblo de Jojutla y después, el de todos los morelenses, en la administración del Congreso local.
El modo taimado del entonces mandamás del Congreso y su sumisión desmedida a los caprichos y desplantes de los otrora mandones: José Manuel Sanz, Hugo Erick Flores, Ulises Bravo Molina y de nuevo Sanz, según el momento, así como la sagacidad de la «especialista» financiera, fueron factores definitivos para permitir toda una serie de atrocidades administrativas, políticas y legislativas, muchas de las cuales aún faltan por ventilar.
Amén de la falta de transparencia, la parálisis parlamentaria y hasta tener un diputado acusado de violación, la más grande aberración de la anterior legislatura quizá sea cuando de un plumazo cambió las matemáticas y aprobó que las dos terceras partes para conformar la mayoría calificada se integrara con 13 y no con 14 votos de un total de 20; lo que ocasionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara inconstitucional.
A partir de esa resolución del máximo tribunal del país, podría interpretarse que todos los demás actos derivados de esa aprobación hayan sido ilegales. Entre otros, el nombramiento de Alejandra Flores Espinoza como presidenta de la Junta Política y de Gobierno y todas las medidas que se desprendieron desde una espuria representación.
La nueva composición del Congreso, las características de las y los legisladores entrantes y las muestras por éstos ofrecidas hasta el momento parecen esbozar –por ahora– que pueden ser resarcidas gran parte de las aberraciones cometidas por sus antecesores. Ojalá.
