Silvia Lozano Venegas
Cuernavaca, Morelos; 25 de noviembre de 2021. Mónica Boggio Tomasaz Merino, secretaria de Hacienda del gobierno del estado, afirmó que desconoce el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional que presentó el Poder Judicial, porque no ha sido notificado el Ejecutivo, pero reconoció que sí podría impactar el presupuesto del próximo año.
En entrevista, la funcionaria estatal aseveró que sólo ha visto un párrafo del resolutivo y «es cierto que declara el argumento que presentó el Poder Judicial, pero no conozco los efectos».
Explicó que lo que argumentó el Poder Judicial fueron tres puntos: uno, pelear el 4.7 del presupuesto total, pero no señala sobre qué base se calcula porque tienen una interpretación de gasto programable y «nosotros otra interpretación; otro punto, que no se había integrado al 100 por ciento su presupuesto y que venía recortado por parte del Ejecutivo, y la autonomía presupuestal que invade esferas de su competencia».
En ese sentido, la funcionaria estatal comentó que van a revisar cuál de los tres argumentos resolvió la SCJN.
Indicó que lo que reclamó el Poder Judicial en su controversia constitucional fueron 900 millones de pesos adicionales a su presupuesto, y «al día de hoy era para operar todo el ejercicio y ya estamos en noviembre»; añadió que esperarán para ver a quien condenan, si al Ejecutivo o al Congreso local que fue el que autorizó el presupuesto.
Asimismo reconoció que sí puede impactar en el presupuesto del 2022, pero hasta que no conozca los alcances de la resolución no se puede adelantar.
En otro tema, cuestionada sobre la libre transferencia que tiene el Ejecutivo para reasignar el presupuesto y que pretenden modificar los diputados, respondió que les ha comentado a los legisladores que es una facultad para quitar de un lado en caso de haber necesidades, y prácticamente se convertirían en una área de la Secretaría de Hacienda y harían funciones que no les corresponde, además de que colapsaría el Ejecutivo porque tendrían que sesionar para hacer ampliaciones y reasignaciones porque recibe todos los días ese tipo de solicitudes, desde cinco mil pesos hasta millones, y no es función del Legislativo; agregó que es un tema operativo que tiene el Ejecutivo para decidir.
