Cuernavaca, Morelos; 1 de diciembre de 2021. La diputada del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Érika Hernández Gordillo, propuso ante el Congreso del estado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su artículo 91, a fin de que todo Oficial del Registro Civil presente título y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, y no solo acreditar “pasantía” como lo marca actualmente la ley.
“De la simple interpretación de dicho artículo, para ser Titular de cualquier Registro Civil Municipal basta con haber estado inscrito en la carrera de Derecho en cualquier universidad. Pues claramente tenemos que la Ley no exige la acreditación de un Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, es decir sin concluirlos, en razón de que el artículo de referencia, hace alusión a una pasantía, siendo que, con ello, podrían estar en riesgo todos los actos que hayan sido firmados por un Oficial del Registro Civil que se ostente como Licenciado, ello sin el permiso de la Secretaría de Educación Pública para plasmar su firma y dar fe de cualquier documento o acto”, expresó.
Actualmente el artículo marca como requisito contar con estudios de la licenciatura en Derecho o en su caso “pasantía”, lo cual da incertidumbre a todo acto emitido por los funcionarios públicos antes mencionados, siendo estos los encargados de tareas tan relevantes como la emisión de actas de nacimiento, actas de matrimonio, defunciones, correcciones, entre otras.
La falta de este tipo de requisitos impide garantizar que la persona que ocupe el cargo de Oficial del Registro Civil en los municipios, carezca del perfil idóneo. La legisladora calificó como urgente profesionalizar a los funcionarios públicos de esta índole.
“Como Legisladores, esta situación debe resultar sumamente importante pues el próximo primero de enero de 2022, los ayuntamientos entrarán en funciones y deberán nombrar a sus oficiales del Registro Civil, por lo que también se propone que el inicio de la vigencia de esta reforma se aplique a partir del día primero de enero de 2022, para obligar a los próximos ayuntamientos a cumplir con la misma y por consiguiente dejar a salvo los derechos de quienes hasta el 31 de diciembre, ocuparán dicho cargo”.
