Magda Díaz
Cuernavaca, Morelos; 1 de marzo de 2022. Con bloqueos y protestas en la sede del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y en el Congreso Local, este martes, abogados laboralistas externaron su descontento con el cierre del Centro de Conciliación Laboral de Jojutla.
Expresaron que los justiciables de la región surponiente serán los que de forma directa y económicamente hablando se vean perjudicados con el cierre del centro, puesto que para promover algún asunto deberán desplazarse hasta la zona metropolitana para hacer trámites, lo cual implica gastos.
“Se aperturaron tres centros de conciliación que fueron distribuidos en el estado de Morelos para darle el servicio a los justiciables, lamentablemente a partir del día de hoy cierran uno de esos centros que está en el municipio de Jojutla, por lo que se deja de impartir justicia en esta parte del estado; el cierre es una merma económica para el gobernado, para el justiciable, se les hizo fácil cerrar el centro”, comentó el litigante Juan José Barranco Hernández.
Los litigantes laboralistas exigieron que el Congreso del estado remueva de sus facultades al director general del Centro de Conciliación Laboral estatal, Pascual Archundia Becerril, quien a decir de los litigantes, desde el momento de su nombramiento en octubre del 2021, «no ha dado el ancho».
“Fuera Archundia; Pascual Archundia es incompetente. Lamentablemente este Congreso lo designó por una oportunidad, porque hay mejores abogados, mejores personas que se han preparado para esto”, dijeron los litigantes.
Asimismo externaron su temor de que esta misma problemática se pueda presentar en el Centro de Conciliación Laboral de Cuautla.
El ingreso por la fuerza que los abogados tuvieron en el Congreso local obligó a que la comparecencia correspondiente a la glosa del tercer informe de gobierno por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo se cancelara, por falta de condiciones de seguridad; la funcionaria, Ana Cecilia Rodríguez González, tuvo que salir escoltada por personal de seguridad de la sede del Poder Legislativo.
