Cuernavaca, Morelos; 11 de marzo de 2022. Diputadas y diputados del Congreso de Morelos, externaron su inconformidad en torno a las reasignaciones presupuestales que realizó el titular del Gobierno del estado, al amparo de la Cláusula de Libre Transferencia de Recursos, estipulada dentro del Presupuesto 2021, esto durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Hacienda (SH), Mónica Boggio Tomasaz Merino, con motivo de la Glosa del 3er. Informe de Gobierno.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Erik Sánchez Zavala, consideró que la facultad de reasignación de dichos recursos “es totalmente una atribución del Poder Legislativo”, por lo que hizo un exhorto a la funcionaria a que se respeten las facultades de cada Poder, y que el Ejecutivo se apegue a lo autorizado en el presupuesto aprobado por los diputados, ya que durante el 2021 «se excedió en la utilización de esa cláusula», conviertiendo «la excepción en una regla», «porque se han hecho transferencias a muchos rubros, que no son los prioritarios», como el campo, el desarrollo social, el desarrollo económico y la obra pública, que por el contrario tuvieron inversiones mínimas.
Boggio Tomasaz Merino argumentó que si el Ejecutivo no contara con la cláusula de libre transferencia se perderían recursos federales, como el caso del Insabi, al que la federación destinó recursos por mil 50 millones de pesos, los cuales se habrían perdido si Morelos no contara con la libertad para reasignaciones presupuestales, que le permitieron hacer su correspondiente aportación de 550 millones de pesos en 2021. Aunque admitió que de no contar con el amparo de la cláusula, las trasferencias podrían ser tipificadas como un ejercicio indebido de recursos públicos.
Al respecto, Sánchez Zavala le planteó que, de los excedentes federales del año pasado -de alrededor de 10 mil millones de pesos- “podría haber salido para Obras Campo y Sedeso” y le cuestionó sobre cuánto de ese dinero “se va a gasto corriente, nómina, servicios personales y jubilaciones entre otros rubros, además de preguntarle el destino del recurso “¿y cuánto quedaría para poder invertir?”.
En este mismo sentido, las diputadas Luz Dary Quevedo Maldonado y Verónica Anrubio Kempis requirieron a la funcionaria saber “qué criterios se tomaron para redireccionar recursos de las partidas presupuestales de Sedeso”, a áreas como “la Oficina de la Gubernatura y la Secretaría de Administración y para qué fueron destinados dichos recursos”, y manifestaron su inquietud en torno a “por qué no se fortalecen áreas prioritarias”, además solicitaron a la funcionaria “voltear a ver a los sectores con más necesidades”.
Por otro lado, en torno a los excedentes que recibirá la entidad este año, el diputado Óscar Cano Mondragón cuestionó a Mónica Boggio sobre cuál es el cálculo que han hecho en torno a los recursos excedentes con los que podría contar el estado este año y le manifestó la voluntad de las y los legisladores para “ayudar a los secretarios a solventar la problemática más relevante”.
Al respecto, la secretaria consideró que este año habrá un incremento de unos dos mil millones de pesos en los ingresos resultantes de las participaciones federales, de los cuales la mitad ya vienen etiquetados para diversos ramos, y que con el resto se proyectó desde la propuesta de presupuesto enviada al Congreso para 2022, una pequeña distribución en rubros como municipios e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). “Sin embargo, el excedente total no lo podrá conocer hasta el 31 de diciembre y hay un marco jurídico específico para aplicarlo, no son de libre disposición”, dijo.
En tanto, la diputada Macrina Vallejo Bello y el legislador Alejandro Martínez Bermúdez solicitaron información concerniente a las ampliaciones presupuestales para el Colegio de Bachilleres del estado de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, le solicitaron información sobre “qué estrategias se están llevando a cabo para fortalecer las finanzas públicas, los ayuntamientos y para optimizar la recaudación de impuestos”
Por otra parte, los diputados Arturo Pérez Flores y Ángel Adame Jiménez cuestionaron a la titular de SH con respecto a dos temas: la reconstrucción y las medidas de austeridad a partir de la pandemia. Al respecto, Pérez Flores solicitó saber si hay “algún criterio o porcentaje asignado para el tema de la reconstrucción” y cuántos beneficiarios hay hasta el momento.
En respuesta, la secretaria dijo que se han aplicado decretos de autoridad como una disminución a los sueldos, con la desaparición de subsecretarías, “y en agosto de 2020 se eliminaron gastos que no se justificaran como necesarios”. En torno al tema de la reconstrucción, explicó que En 2020 se realizaron 36 prototipos de vivienda; en la primera etapa fueron 19 y 17 para 2021, para afiliados del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado.
En su oportunidad, la diputada Erika Hernández Gordillo pidió a Boggio Tomasaz Merino, saber “cuál fue el importe para el fondo 3 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y en qué dependencias “se han ejecutado dichos recursos”. En tanto, la diputada Ariadna Barrera Vázquez requirió conocer si la entidad carga con deuda pública “desde cuándo y hasta cuando la tendremos”, además de preguntar si esta administración ha “adquirido deuda”
Finalmente, el legislador Agustín Alonso, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, manifestó, a manera de conclusión de la comparecencia que, si bien la ciudadanía “nos tiene reprobados tanto a los legisladores como al Poder Ejecutivo, no estamos derrotados”.
Destacó que, «desde la presidencia de la Mesa Directiva, el diputado Francisco Sánchez Zavala nos ha instado a que nuestras diferencias se conviertan en virtudes y extenderlas hacia el Poder Ejecutivo” e invitó a sus homólogos “para que después de este ejercicio se dignifiquen los trabajos del Legislativo para rendir mejores frutos”.
