Rodolfo Gutiérrez Martínez
Cuernavaca, Morelos; 27 de junio de 2022. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM) inició la queja de oficio señalando como autoridades responsables al gobernador, así como al secretario de Gobierno, al comisionado estatal de Seguridad, al coordinador del Sistema Penitenciario y al director del Centro de Reinserción Social Varonil Cuautla, por presuntas violaciones al derecho a la vida y la integridad personal, sobre el ataque armado a la cárcel distrital de Cuautla.
Bajo el número de expediente CDHM/SE/VEAP/061/021/2022 se detalla que los hechos ocurrieron el pasado jueves 23 de junio, en donde un custodio perdió la vida y otro más se encuentra lesionado, informó la CDHM en un comunicado.
En dicha queja, la citada comisión, a cargo de Israel Hernández Cruz, otorgó un plazo de 72 horas para que dichas autoridades rindieran sus informes respectivos, así como 24 horas para que manifestaran su aceptación o rechazo sobre la implementación de medidas precautorias que garanticen el derecho a la vida y a la integridad del personal directivo, operativo, administrativo, de seguridad y custodia, de las personas privadas de la libertad y de las personas visitantes en los centros de reinserción del estado.
Con fecha 24 de junio, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) notificó la aceptación de las medidas precautorias solicitadas por el órgano autónomo y el 27 de junio, la Dirección General de Reinserción Social envió el informe correspondiente.
La CDHM manifestó que en el mes de septiembre de 2021 se emitieron dos recomendaciones con números de expedientes CDHM/SE/VEAP/061/008/2018 y CDHM/SE/VEAP/061/010/2018, ambas dirigidas al gobernador y a otras autoridades, por el homicidio del jefe de custodios del Centro de Reinserción Social de Jojutla, así como el de una mujer elemento de seguridad y custodia adscrita al Centro de Reinserción Social de Cuautla, mismas que fueron rechazadas.
Algunos de los puntos recomendatorios rechazados de ambas resoluciones fueron: la formulación e implementación de medidas adicionales de seguridad para salvaguardar la vida y la integridad física de las y los servidores públicos adscritos a los Centros de Reinserción Social del estado, así como la de sus familias, dentro y fuera de sus instalaciones.
