Magda Díaz
Cuernavaca, Morelos, 14 de julio de 2020. El Fiscal Anticorrupción en Morelos, Juan Salazar Núñez, aseguró que la diligencia de cateo que se realizó la tarde de este lunes en instalaciones del ayuntamiento de esta capital, para aportar elementos contra el delito de enriquecimiento ilícito del alcalde Antonio Villalobos se llevaron a cabo dentro del margen de la Ley.
En entrevista, el servidor público, comentó que la acción obedeció a desacatos que la semana pasada cometió la contralor municipal, Clara Soto, y por ello recurrieron a un juez de control para que les entregue el documento mediante el cual se les permitió acceder a este procedimiento.
Salazar Núñez aseveró que el pasado viernes la vice fiscal Guadalupe Flores Servín acudió al sitio para realizar esta acción en la cual la contralor le negó el acceso a este sitio.
El funcionario, sin dar nombre y cargos, indicó que son más servidores públicos del Ayuntamiento que están siendo señalados por el denunciante del supuesto delito que se les atribuye cometieron.
“La diligencia de cateo fue autorizada por un juez de control, esta diligencia tuvo por objeto el allegarnos información y documentación que nos fue negada; desde luego que fue legal porque fue autorizado por un juez con los datos que se tienen, la denuncia tiene un denunciante con nombre y apellido. Esa persona presentó datos de prueba que se están verificando”, expresó Juan Salazar Núñez.
Por su parte, la contralor del municipio de Cuernavaca aseveró que el cateo fue ilegal y durante el acto se dio la sustracción ilegal de información que no debían llevarse los funcionarios.
Explicó que el Código de Procedimiento Penales se violentó al momento de no contar con una persona que se encargara de atender la diligencia, así como el nombramiento de dos testigos.
Refirió que la información que se llevaron durante el cateo no era el material propio que permita documentar el supuesto en contra del edil, acotó que el juez les otorgo las facultades de buscar información y aseguramiento de computadores más no así de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
“La prueba que ellos se llevaron no es para probar el delito de enriquecimiento ilícito, fue un abuso la orden juez era búsqueda de información y en su caso aseguramiento de computadoras pero no de declaraciones patrimoniales” comentó la Contralor municipal.
