Omisos y negligentes SEP, TSJ, IMM, IMIPE, Fiscalía en recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género

 

 

Magda Díaz

Cuernavaca, Morelos; 24 de Noviembre de 2020. La Secretaría de  Educación y el Tribunal Superior de Justicia, IMIPE, Fiscalía, Conavim e Instituto de las Mujeres incumplieron con la entrega de información sobre las acciones de cumplimentación que debían rendir respecto a la Alerta de Violencia de Género (AVG), así lo dio a conocer la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH)

En la presentación de la tercera parte del informe  de Alerta de Violencia de Género en la entidad a cinco años de que entró en vigor para ocho municipios de la Entidad, la  organización  indicó que de octubre de 2018 a diciembre del 2019 las dependencias no cumplieron con la entrega de información sobre asuntos que debían poner en  marcha para erradicar la violencia feminicida.

La  Coordinadora de Investigación  de la CIDH, Paloma Estrada, refirió que el resto de instituciones entre las que sobre salen, la Fiscalía General, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos,  la Comisión Estatal de Seguridad  Pública, la secretaría de Salud,  el Congreso Local incumplieron con la mayoría de sus respuestas.

“De las dependencias del Estado de Morelos  que deben acatar la medidas por la Alerta de Violencia de Género, es el Tribunal Superior  de Justicia, la Secretaría de Educación quienes son  las peores evaluadas al tener todas y cada una de las  recomendaciones como no cumplidas, la Fiscalía General tienen once recomendaciones, siete se dan por no cumplidas  y cuatro en proceso de cumplimiento;  todos los poderes del Estado de Morelos no tienen ninguna acción cumplimentada.”, expresó, Paloma Estrada Muñoz.

El representante legal de la Organización No Gubernamental, indicó  que a finales del mes de octubre e inicio de noviembre presentaron quejas ante instancias como la Junta de Administración, disciplina y vigencia del Poder Judicial, órgano interno de control, unidad de inteligencia financiera, entre otras  a fin de que se impongan sanciones por la omisión en la cual han incurrido las autoridades para garantizar que las mujeres no sigan sufriendo de violencia feminicida.