Integrantes del Cabildo de Cuernavaca fueron informados sobre el juicio administrativo promovido por el corporativo Constructor de Morelos S.A. de C.V. que demanda al Gobierno Municipal el pago de 60 millones de pesos por obras de pavimentación realizadas en la administración 2016- 2018 que no fueron liquidadas en su momento y causaron interés, que por orden del Tribunal de justicia Administrativa se tienen que cubrir.
Al rendir el informe respecto a este juicio que está en grado de ejecución con número de expediente TJA/3AS/366/2016, la consejera jurídica, Nadia Luz Lara Chávez, dio a conocer a los integrantes del Cabildo que del 02 de febrero al 09 de mayo del año 2016 se llevaron a cabo diversas obras de reencarpetamiento y rehabilitación en distintas colonias de Cuernavaca, y a pesar de que en las actas no se contaba con los contratos respectivos, el 15 de julio de 2016 la administración en ese entonces firmó un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago que contemplaba un total de 39 millones 170 mil 820.28 pesos más el 1.5 por ciento mensual por concepto de intereses que se pactaron.
Sin embargo, el documento dejó de cumplirse derivando en este juicio administrativo que ha escalado hasta la actualidad y si bien a fin de dar cumplimiento con la sentencia, la presente administración ha hecho diversas transferencias, el juicio les ha llevado a requerimientos por apercibimiento, primero en multas y ahora de arresto administrativo por hasta seis horas, toda vez que no han alcanzado a cubrir la totalidad por la falta de recursos económicos que enfrenta la comuna.
El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, indicó que están siguiendo una estrategia fiscal- jurídica para tratar de pagar lo que corresponde al municipio, sin que comprometan la estabilidad de la administración, ya que han buscado a la empresa a través de la Consejería Juridica procurando una conciliación, que no han aceptado y contrario a aceptar un pago con una quita, exigen el pago de los intereses que no fueron reconocidos en el convenio que se presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que en su caso elevaría la deuda al doble de lo que era originalmente, es decir, a 60 millones de pesos.
«Nos enfrentamos a otro tema no presupuestado, que en caso de tener que pagar podría afectarnos el desarrollo natural de todas las acciones y las obras que hemos programado para este año 2023; no obstante, como lo hicimos el año pasado en la contingencia judicial que se presentó con otra empresa que manejaba la concesión de la basura, pudimos pagar 38 millones de pesos sin desestabilizar las finanzas públicas, lo que procuraremos actualmente”, acotó.
En su intervención, la Síndica Municipal, Verónica Atenco Pérez, puntualizó que están agotando todos los recursos para sacar adelante este tipo de situaciones, a fin de que evitar otro tipo de consecuencias debido a que este caso repercute en un prejuicio para el ayuntamiento y los resultados que deben de dar a la población.
Tras escuchar el informe, el Regidor Víctor Manzo Godínez, lamentó que una vez más por gobiernos irresponsables cuyos funcionarios ahora ocupan otro cargo a nivel estatal, la presente administración tenga que enfrentar una crisis económica, puesto que en este caso el Gobierno Municipal 2016- 2018, había manejado que la ejecución de las obras habían sido por donación, cuando no fue así y ahora siete años después les están requiriendo el pago que en su momento no quisieron cumplir.
Ante ello, solicitó que puedan revisar la manera de hacer partícipes a aquellos servidores públicos que en su momento generaron dichas deudas, ya que algunos sí bien no están funciones en el servicio público, otros sí, siendo fundamental que asuman sus responsabilidades.
En este sentido, la Regidora Wendi Salinas Ruiz requirió a la Consejería Jurídica y a la Sindicatura puedan hacer los señalamientos correspondientes para fincar responsabilidades por el mal manejo de los recursos públicos a ex funcionarios del Ayuntamiento y que ahora se desempeñan en otros cargos, acentuando que no van a solapar este tipo de actos que perjudican de manera significativa a la ciudad.
La Presidencia, la Sindicatura, la Consejería Jurídica y la Contraloría están llevando a cabo una revisión exhaustiva de los contratos que dieron lugar a las obras públicas, las actas de entrega- recepción y todo que corresponde a una obra realizada de manera regular, a fin de encontrar soluciones en la materia y principalmente sanear las finanzas del municipio para que la siguiente administración no pase los apuros que hoy les ha tocado enfrentar.
