Carlos Quintero
Cuernavaca, Morelos; 12 febrero 2020. A más de cinco años de iniciado el proceso penal contra dos exservidores públicos, imputados por la inhumación ilegal de 119 cadáveres en una fosa irregular en la comunidad de Tetelcingo, al oriente del estado, prevalece la violación al derecho de acceso a la justicia en contra de víctimas indirectas.
En entrevista, el asesor jurídico David Marroquín Ojeda informó que el proceso continúa en etapa intermedia porque están a la espera de la resolución de cuatro juicios de amparo, que víctimas indirectas, promovieron a fin de ser reconocidas y contar con personalidad jurídica en el caso.
Lo anterior, luego de que el Juez de control, Adolfo González López negó el acceso a la justicia a los familiares de Miguel Ángel M. A., Zenaida F. B., María Dolores J. C. y los hermanos Andrés y Mauricio R. L., inhumados ilegalmente en las fosas irregulares.
Las familias de las cinco víctimas pidieron al juzgador ser parte en el proceso iniciado en contra de los exservidores públicos, por el delito contra el respeto a los muertos y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres.
Pero Adolfo González negó la solicitud y, por ese motivo, las víctimas indirectas presentaron los juicios de amparo 1540/2019, 1541/2019 y 1518/2019. Ahora esperan que la autoridad federal resuelva al respecto, a más tardar en un mes y medio, dijo David Marroquín.
Como se recordará, y derivado del caso de las fosas irregulares de Tetelcingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación No. 48/2016 y en su tercer punto de acuerdo ordenó a la Fiscalía de Morelos, lo siguiente:
“Colaborar ampliamente con este Organismo Nacional con la queja que presenta ante la instancia competen, así como la denuncia que formule por las responsabilidades administrativas y/o los delitos en que pudiese haber incurrido el personal que ordenó y participó en la inhumación irregular de los cadáveres…”
En ese tenor destacó: “… de igual manera se investigue la procedencia de los oficios firmados por los agentes del Ministerio Público en los que se ordenó la inhumación y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento”.
Por cuanto a este último párrafo, la Fiscalía de Morelos ni siquiera ha formulado imputación, por el delito de falsificación de documentos o uso de los oficios, contra algún servidor, por el contrario retiró su escrito de acusación que había presentado ante el Juez de Control, Arturo Ampudia Amaro.
