Cuernavaca, Morelos; 23 de abril de 2013. En este 2013 sólo serán ocho los municipios que reciban apoyos del Programa de Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN). Los municipios son: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, es decir, sólo el 24 por ciento de los municipios.
Para el diputado perredista Carlos de La Rosa Segura la situación es lamentable, porque más municipios podrían acceder al apoyo, sin embargo sus presidentes no conocen la forma de cómo bajar esos recursos.
Por lo que dijo es necesario implementar acciones de capacitación para que a los 33 municipios del estado lleguen este tipo de programas.
De ahí que en días pasados llevo a cabo una reunión informativa con los presidentes para que en 2014 logren acceder al recurso.
“Es grave la falta de capacitación porque se pierden muchos recursos, por eso realizamos este tipo de reuniones donde acercamos a las autoridades municipales, gentes directamente involucradas con la gestión de los programas, a efecto que puedan platicar con los presidentes municipales y bajar los recursos”, puntualizó.
A nivel nacional serán 251 municipios los que recibirán el apoyo, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación la selección de los municipios se realizó de acuerdo a criterios de elegibilidad relacionados con la población, la criminalidad y la cobertura territorial.
La convocatoria para inscribirse en este programa abre cada año, en enero, pero previamente el municipio debe tener un expediente para acceder a él y justo en ese trabajo es donde pretende apoyar a los ediles.
Cuernavaca, Morelos; 23 de abril de 2013. Las Comisiones de Grupos Vulnerables, Derechos Humanos y Desarrollo Económico son un ejemplo del nulo trabajo que realizan los diputados de la LII Legislatura, ya que sólo han sesionado una vez y no tienen resultados contundentes.
Así lo reconoció la diputada panista Erika Cortés Martínez, quien forma parte de las Comisiones arriba mencionadas.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, las Comisiones deben reunirse por lo menos una vez al mes, pero en realidad no sucede.
“Los diputados no trabaja, se enfrascan en temas administrativos, irrelevantes y dejan de lado el trabajo legislativo real”, apuntó la diputada.
El caso más relevante es el de la Comisión de Grupos Vulnerables que ha tenido problemas, incluso, con su presidente derivado de los cambios que realizó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que destituyó a Roberto Fierro, quien encabezaba la Comisión, que basta decirlo, sólo sesionó el día en que se instaló.
La situación es lamentable, a decir de la legisladora, porque hay temas prioritarios que están quedando de lado como la adecuación del transporte para personas con capacidades diferentes o el acceso a todos los espacios públicos.
Ante esta situación la diputada hizo un llamado a los integrantes de las Comisiones para que “se pongan a trabajar” y dejen de lado intereses personales.
Cuernavaca, Morelos; a 22 de abril de 2013. El Frente Amplio Opositor a la industria minera en todo el país, realizaron un foro en Morelos con el fin de llegar acuerdos para que se integre una nueva ley minera que proteja las reservas ecológicas de la República Mexicana y que estas empresas paguen impuestos de acuerdo a lo que extraigan.
En Morelos, la empresa canadiense Esperanza Silver tiene una concesión para extraer minerales cerca la zona arqueológica de Xochicalco y ante este miedo de ecocidio, el Frente Amplio Opositor en voz de Sergio Serrano dijo que los presidentes municipales son los que pueden actuar para impedir que estas concesiones otorgadas a nivel federal se detengan si ellos no autorizan el cambio de uso de suelo, pero que desgraciadamente estas empresas compran conciencias y a cualquier autoridad.
Sergio Serrano del Frente Amplio Opositor a la minera San José de San Luis Potosí señaló que se necesita una nueva ley minera que proteja las comunidades y pueblos porque la actual lo único que tiene son intereses de los empresarios mineros mexicanos y extranjeros. “Lo del pago del 5% es una vacilada, es una propuesta de dos diputados del PRI vinculados al tema de las mineras para evadir el pago de impuestos, por eso nosotros proponemos una nueva ley integral donde se respeten derechos de pueblos y comunidades pero también exigimos que paguen impuestos con base a lo que saquen de minerales”, declaró.
Dijo que estas empresas mineras han destruido y hecho un ecocidio terrible en San Luis Potosí y Michoacán y un daño a la salud de los habitantes que viven cerca de estas minas. “Llegan a las comunidades engañando que van a generar empleos, se van, se hacen ricos, el ejemplo es que después de 7 años de explotación las comunidades viven peor que antes, pero ahora dañados en su salud como daños renales, se han muerto varias personas por la contaminación que generan estas empresas, se utilizan 16 toneladas diarias de cianuro y con el agua va el acido cianhídrico que respiramos”, indicó Sergio Serrano.
También comentó que tienen una lista de 40 personas que han muerto en defensa para que estas minas no destruyan el ecosistema y con este panorama van a ir al senado para presentar la ley y ahí van a ver que tanto se toma de esto, a parte el Pacto por México que metió el tema de la minería y esperan que ellos retomen estos elementos.
Cuernavaca, Morelos; a 22 de abril de 2013. En cumplimiento al compromiso de trabajar en la reconstrucción del tejido social, el gobernador Graco Ramírez recibió este lunes la Iniciativa para la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, cuyos encuentros para la elaboración trabajos iniciaron el 22 de octubre del año pasado con participación de organizaciones civiles, familiares de las víctimas y expertos en la materia, cuyo propósito es que a la brevedad sea enviada al Congreso del Estado para su discusión y aprobación.
A este acto efectuado en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda acudieron el Juez Baltasar Garzón Real; el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; Isabel Miranda de Wallace, de la Asociación Civil Alto al Secuestro; la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel; así como Alejandro Ponce de León Gómez, director general del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia USAID (por sus siglas en inglés: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
Al recibir esta propuesta de manos de Javier Sicilia y Baltasar Garzón, el mandatario estatal sostuvo que en esta ley se concentran los anhelos de quienes han enfrentado la indolencia y la omisión de sus autoridades ante los daños que les ha causado la violencia.
“Hoy, esto si nos importa y esta ley es una prueba, no es cualquier cosa, es un instrumento jurídico que protege y atiende a las víctimas, no como una voluntad personal sino como una obligación de hoy en adelante una vez que lo aprueben los diputados (…) para que nadie haga actos de generosidad que no queremos aquí, ni reconocimientos, ni nada”, resaltó Graco Ramírez.
El gobernador aseguró que la siguiente parte que comprende el proceso de reconciliación social que ha emprendido el Gobierno de la Nueva Visión, está enfocada en fortalecer la defensoría de oficio y evitar una doble victimización, seguida de la reinserción social cimentada fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos.
Esta iniciativa es resultado de la realización de seis foros regionales donde se contó con la participación de la ciudadanía, cuya contribución sirvió para diseñar un esquema integral que tiene que ver primero con la prevención, donde se impulse la coordinación institucional, seguido de la atención a víctimas que buscan de forma puntual la reparación del daño.
Dichos foros fueron realizados de forma regional en los municipios de Jojutla, Cuautla, Temixco, Yautepec y Cuernavaca, abarcando así todo un compendio de propuestas, análisis y debates sobre los principales aspectos que esta Iniciativa de Ley debía contener.
En este sentido, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, dio a conocer un diagnóstico sobre la incidencia en el estado de Morelos respecto a la Encuesta Nacional de Victimización, en la que entre otros rubros se indica que Morelos se ubica en el quinto lugar a nivel nacional respecto a los delitos del fuero común, no obstante reconoció que detrás de las frías cifras, existe una realidad que ha lacerado a muchas personas.
Durante esta presentación, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, insistió en la importancia que tiene para la sociedad el que se pueda legislar y dar cumplimiento al Artículo 17 de la Constitución Mexicana, así como para asegurar por parte del Estado la reparación del daño y generar las providencias para restituir los derechos de los afectados.
Es destacable la presencia en esta entrega de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez; del diputado Carlos de la Rosa Segura, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor; de la Coordinadora del Consejo Consultivo para la Elaboración de la Ley de Víctimas de la Secretaría de Gobierno, Nadxieelii Carranco Lechuga; del presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para el Desarrollo Social del estado de Morelos, Presbítero Antonio Sandoval Tajonar; los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado, Alicia Vázquez Luna y Rodrigo Dorantes Salgado, respectivamente, entre otros.
Cuernavaca, Morelos; a 22 de abril de 2013. Campesinos, jornaleros y comisariados de diversas comunidades de la zona Oriente del Estado se manifestaron afuera de Casa Morelos para mostrar su rechazo al programa de reeplacamiento que incluye el pago de un seguro contra daños a terceros y a la construcción de la termoeléctrica en Huexca del municipio de Yecapixlta.
Alrededor de 200 habitantes de diversas comunidades como Tetelilla, Atlacahualoya, de Axochiapan y Jonacatepec, entre gritos y sin obstruir la circulación, mencionaron que se oponen al pago de este seguro contra daños a terceros porque afecta su economía, dijeron que viven al dia de lo que producen en el campo y no tiene para pagar este seguro obligatorio para reemplacar, en este sentido pidieron sensibilidad del gobierno de la Nueva Visión para que eche atrás esta obligatoriedad.
“Quisiéramos tener para llevar el alimento a nuestras familias y como jornaleros dia que se trabaja dia que se come. Si el señor gobernador quiere la tierra de Morelos que no nos ofenda, porque si no hay campesinos no va haber alimentos, por eso no vamos a pagar el seguro porque no tenemos, si tuviéramos recursos con mucho gusto lo haríamos, pero desgraciadamente a veces no tenemos ni para comer”, manifestó Luis Pineda Coordinador de Unión Campesina (UNORCA).
Sostuvieron que en definitiva no van a pagar este seguro contra daños a terceros y buscarán la manera de ampararse con apoyo de otros partidos políticos que han ofrecido su ayuda como el Partido Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Por su parte, el secretario de Movilidad y Transporte David Gómez Basilio quien arribó a la manifestación para dialogar con los inconformes, subrayó que el programa de reemplacamiento va bien y que cada dia va en incremento y la ciudadanía lo ven con buenos y ojos y hasta el momento van 17 mil personas que ya han reemplacado en todo el estado.
“Ya no hay filas por el programa de engomado, la gente hace su trámite de manera normal. Ahorita estoy aquí para dialogar con la gente para escucharlos, atenderlos y darles la atención debida; por el reemplacamiento no hay problema, aquí la novedad es el seguro contra daños a terceros pero hay que orientarlos sin confrontación”, puntualizó.
Los inconformes también rechazaron la construcción de la termoeléctrica y dijeron que enviaron un oficio al gobernador Graco Ramírez porque señalaron que a ellos como campesinos los van a dejar sin agua y están en desacuerdo en que entuben el rio Cuautla para abastecer y enfriar las turbinas de la termoeléctrica, porque el estado de por sí ya padece de agua, con este proyecto no va haber para sembrar caña ni frijol.
Cuernavaca, Morelos; a 22 de abril de 2013. El presidente municipal , Jorge Morales Barud, confirmó que en Cuernavaca habrá «torito» y multas para quien repruebe la prueba de alcoholemia, esto luego de confirmar que quedo listo y aprobado el reglamento para implementar el Programa del alcoholímetro en la capital del estado.
Morales Barud mencionó que para proceder a la instalación de este dispositivo ya sólo están a la espera de la publicación del reglamento en el Periódico Oficial «Tierra y libertad».
«Cuando esté publicado se establecerán las bases para poder identificar el lugar donde se establecerá el centro de detención de los infractores y la capacitación de elementos ; así como la compra de los alcoholímetros», apuntó.
Dijo que la aplicación de este programa tendrá un costo de alrededor de un millón de pesos, y que aunque es onerosa la inversión lo vale porque se trata de salvar vidas y evitar accidentes.
Asimismo rechazó que sea un programa «recaudatorio», tal y como aseguran será los empresarios que están en contra de la medida.
«Insisto es un programa para salvar vidas, para evitar que los conductores manejen bajo el influjo del alcohol», precisó.
Cuernavaca, Morelos; a 22 de abril de 2013. Se suman diputados a las críticas en contra de la aprobación del alcoholímetro en Cuernavaca, dicen que así como fue planteado va generar corrupción en los jueces, en los policías y en la propia ciudadanía.
En este sentido, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Jordi Messeguer Gally señaló que para que este programa tenga éxito es necesario que sea integral, metropolitano y no criminalizar el consumo de alcohol.
“Existe un programa conduce sin alcohol en el estado, no sólo en Cuernavaca y hemos trabajado con salud para que haya un programa estatal y metropolitano, pero ese programa tiene que venir acompañado de política pública de combate a manejar o conducir bajo los influjos del alcohol, la pura sanción no sirve, va generar corrupción”, declaró el legislador.
Messeguer Gally dijo que el reglamento del alcoholímetro debe garantizar que haya taxis seguros, se garantice un conductor designado, otras ofertas que incluyan a los empresarios para que en verdad se ataque el consumo de alcohol y no sólo se sancione, porque criminaliza a los jóvenes y perjudica al sector empresarial.
Detalló que desde el congreso trabajan en una ley de transporte que incluye conduce sin alcohol para que a nivel estatal se reconozca este programa y que se hable con un lenguaje apropiado, que están trabajando también en conjunto con la secretaria de salud con un boceto de la ley y ellos la van a revisar y darán sus comentarios para que tenga validez estatal, porque el alcoholímetro no es un tema especifico de Cuernavaca.
El diputado del PRD comentó que para el mes de mayo van a entregar esta ley que modifica varios artículos como el tema del uso de cinturón, del uso de casco para motociclistas, de pasajeros menores de edad en asientos delanteros, pero reiteró que las principales ventajas son: “el alcoholímetro no es un asunto exclusivo de Cuernavaca sino debe ser metropolitano, porque si hoy se aplica en Cuernavaca, la gente se traslada a Jiutepec o Temixco, entonces tiene que ser metropolitano y estatal porque si no se van más lejos y tiene que ser de manera integral, la segunda es que queda a nivel ley y no queda a potestad de un reglamento”, finalizó.
Cuernavaca, Morelos; 22 de abril de 2013. Morelos puede convertirse en el primer estado en elaborar la ley de víctimas pero es necesaria su aplicación ya que en México 95% de las víctimas no denuncian los hechos y hay una doble victimización, aseveró el español Baltasar Garzón Real, durante la conferencia magistral “Los derechos Humanos de las Víctimas”, que dictó el en el Tribunal Superior de Justicia.
Dijo que en Latinoamérica sólo 5% de las víctimas denuncian los delitos de las que son sujetos porque tienen desconfianza de las autoridades que aplican las leyes.
También mencionó que los funcionarios del poder judicial, jueces y magistrados principalmente, ponen distancia entre ellos y la víctima. El juez se encontraba aislado, como en una burbuja, no se le permitía “contaminarse” con las víctimas; eso ocurría en el viejo sistema; en la actualidad el juez se debe “contaminar de la sociedad”, lo cual implica un cambio profundo de mentalidad. Entre el juez y la víctima no debe haber límites, dijo.
Baltasar Garzón
Dio a conocer que los derechos humanos de las víctimas son algo nuevo en el mundo, ya que antes se desconocían y que en la actualidad hay países como Arabia Saudí, en donde no se reconocen estas prerrogativas.
Baltasar Garzón Real es un jurista español radicado en Argentina, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional y actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Sobre los grupos de autodefensa que hay proliferado en México Garzón Real dijo que esta modalidad existe también en otros países y que hay peligro de que se armen y su vuelvan grupos “paramilitares”.
Es asesor para la Ley de Víctimas de Morelos y Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.
Cuernavaca, Morelos; 22 de abril de 2013. El desarrollo social al margen de la educación superior y de la investigación científica, es un esfuerzo estéril, que no tiene ninguna posibilidad de materializarse”, aseguró Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante la firma del Convenio de Colaboración entre la máxima casa de estudios y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
En su intervención, Vera Jiménez, subrayó señaló que “el hambre nos obliga como instituciones a sumarnos, estrechar lazos de colaboración más allá del tinte partidista o de la posición ideológica”, quien confió que con el apoyo de la institución, sus investigadores, sus proyectos y sus estudiantes, será posible «desterrar la desnutrición» en el estado de Morelos.
«Tenemos que hacer un trabajo muy concertado: centros de investigación, escuelas y facultades de la UAEM. Una humanidad culta no se puede construir con tantos niveles de desigualdad social, una humanidad culta requiere de una universidad socialmente comprometida y responsable”, externó.
Por su parte, Jorge Meade Ocaranza, delegado estatal de la SEDESOL en Morelos, aseveró que la Cruzada Nacional Contra el Hambre a la que convocó el Presidente Enrique Peña Nieto, “tiene que ir más allá del impacto mediático o de la percepción social”.
Cuernavaca, Morelos; 22 de abril de 2013. Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentaron que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ignore lo reclamos de la militancia, respecto al cambio de presidente.
Al insistir que debe haber un relevo inmediato en la dirigencia estatal porque quien está ahí no representa los intereses de todos los militantes, Emanuel Bernardino León y Vélez precisó que la falta de atención del CEN es porque «Morelos no representa capital político para el partido».
«La remoción no se ha dado porque México no le interesa, no hay un interés político real como lo hay en Tlaxcala, Puebla o en otros estados, simplemente nos sentimos muy relegados y heridos al no recibir una respuesta», apuntó.
Sin embargo dijo que no se darán por vencidos y continuarán tocando puertas para expresar su desacuerdo con la dirigencia estatal.
Comentaron que en breve pedirán una cita con el nuevo delegado, José Antonio Rojo García de Alba, para mostrarle su inconformidad y pedir que salga Manuel Martínez Garrigós.
