FGR
Redacción
Cuernavaca, Morelos 27 de enero 2020. Una red de profesionales del derecho, integrada por varios despachos jurídicos y, al menos, dos notarios de esta ciudad, es investigada por despojar de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, mediante el uso de recursos aparentemente legales y apoyada por el tráfico de influencias.
Dicho entramado que, a decir de la fuente consultada por este medio, funciona desde hace varios años, es liderada por un fedatario público que por su renombre y alto perfil social se maneja al margen de las gestiones y diligencias para desposeer a las víctimas de sus propiedades. Para ello, tiene a diferentes bufetes de litigantes, integrados preferentemente por mujeres.
La persona entrevistada explicó así el modus operandi de esta organización: “ubican partes (personas) en conflicto, ya sea por deudas de agio, juicios sucesorios, divorcios, entre otros, donde estén en juego bienes inmuebles; cuanto más valiosos, mejor.
“Entonces, por la vía de la justicia civil y tras utilizar diferentes argucias, logran la sentencia condenatoria, que implica el remate de las propiedades”. Esto representa “un negocio redondo” para esta red, ya que además de quitarle un alto porcentaje a sus clientes, a modo de pago de sus honorarios, los “ganadores” de los bienes subastados son miembros de la misma articulación. “A las abogadas les toca el numerario (dinero) por el pago de sus servicios y los notarios se quedan con las casas, terrenos, edificios, etcétera, que ellos mismos escrituran a nombre de empresas e individuos que forman parte de la trama”, detalló.
Así, continuó la fuente, han despojado lo mismo a viudas que a modestos pensionados o a empresarios y personas acaudaladas.
El representante de una de las personas defraudadas, que pidió no revelar su identidad, indicó que mientras contactan a otras víctimas y reúnen más pruebas y testimonios, se preparan para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República, toda vez que no confían en la procuración de justicia en Morelos, por el tráfico de influencias y las arraigadas complicidades de esta red a nivel local, donde tienen vínculos con funcionarios y legisladores.
“Aquí se configuran delitos como asociación delictuosa y despojo” y no se descartan otros como homicidio y uso de recursos de procedencia ilícita, agregó la fuente. Sobre esto último, añadió que buscarán la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto Castillo, a fin de seguir la ruta del dinero y la triangulación de efectivo, resultado de los despojos.
