Carlos J. Quintero
Cuernavaca, Morelos; 22 abril 2020. El defensor público, Marco Antonio Sánchez Medina, quien representó la defensa de Personas Privadas de Libertad trasladados de manera ilegal por el conflicto en el Centro de Reinserción Social Morelos, fue despedido el pasado viernes 17 por orden del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.
Fuentes consultadas, que han pedido la reserva de sus nombres, confirmaron que la semana pasada, el subdirector de Control de Procesos, Gabriel Enrique Pérez López, pidió la renuncia a Marco Antonio Sánchez porque afectó los intereses del Gobierno al defender los derechos de las personas internas.
Además evidenció la deslealtad, mendacidad y graves violaciones a derechos humanos de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del estado y que comenten servidores públicos de la Coordinación de Reinserción Social a cargo de Jorge Israel Ponce de León Borquez.
“Ahora resulta que hacer bien el trabajo, como defensor público, causa agravio al Gobierno del Estado. Él defendió los derechos fundamentales de las Personas Privadas de Libertad que fueron trasladados de manera ilegal” dijo en entrevista una de las fuentes consultadas.
De acuerdo con los informantes, la medida fue solicitada en la reunión de la Mesa de Seguridad, porque el abogado exhibió “conforme a derecho” los errores de la autoridad penitenciaria en el manejo de la crisis en el centro penitenciario de Atlacholoaya.
Para ellos el despido fue ordenado por Pablo Ojeda y avalado por Antonio Mazan Benítez, Director General de la Defensoría Pública, quien cesó injustificadamente a Sánchez Medina, cuyo expediente de trabajo se encuentra limpio y no cuenta con alguna queja en su contra por su desempeño laboral.
Marco Antonio Sánchez es especializado en materia de Ejecución Penal, concursó y ganó la plaza de Defensor Público por méritos propios, cargo que desempeño de manera honrada y profesional pero fue “incomodo” al Gobierno del Estado por ese motivo ha sido despedido.
