Silvia Lozano Venegas
Cuernavaca, Morelos; 30 de diciembre de 2021. Abogados mencionaron que si el Congreso del estado no resuelve cuanto antes la controversia constitucional que presentó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que ya ordenó la Corte, respecto al presupuesto del Poder Judicial para que se garantice su autonomía financiera, tendrá sanciones por desacato.
Sobre esto, el presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, recordó que tras la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso local tiene 10 días hábiles para modificar el presupuesto en beneficio del Poder Judicial y asignar el 4.7 por ciento del presupuesto del estado, para garantizar así su autonomía financiera.
En ese sentido, el litigante dijo que aunque los diputados estén con disputas políticas deben convocar a un periodo extraordinario y resolver el tema, porque no se trata de un capricho ni de anteponer sus intereses partidistas, si no de dar cumplimiento a lo que ya resolvió la SCJN.
De igual modo, Rosete Flores indicó que debido a que el Poder Judicial recibirá más recursos está obligado a transparentar cada peso que reciba, porque aunque tenga autonomía ésta no significa un autoritarismo.
Lo anterior luego de que no se ha transparentado el recurso que ejerció la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, y se desconoce el destino de más de 80 millones de pesos en jubilaciones; de acuerdo al propio presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, no aparecen algunos muebles y aún no ha dado a conocer en que concluyó la auditoría.