Por Stella Turcato
La inesperada llegada de la desconocida Martha Patricia García Garnica como consejera y después secretaria general, en funciones de presidenta de Morena Morelos podría desencadenar una acelerada debacle de la “carrera política” de su cuñado, el alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, y podría –incluso– ponerlo en un escaparate de escándalos de corrupción y consecuentes procesos penales.
Aunque llegado al actual cargo por el partido de izquierda, Arredondo es de origen conservador y panista. Su desmedida voracidad por el poder y las bondades económicas que de él puedan derivar, muy alentadas por su esposa Araceli, combinada con la ambición de su aliado repentino, el también poco claro en su ideología, Ulises Bravo Molina, pondrían en el nada sereno ambiente sociopolítico morelense el destape de un sinnúmero de corruptelas de parte del ahora edil. Inclusive, desde los tiempos en que era director del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC), de enero de 2016 a 2019.
En el reciente proceso de renovación de la dirigencia estatal de Morena, Rodrigo Arredondo no se conformó con poner –y hacer ganar con trampas– en la lista de aspirantes a consejeros, a él mismo, a su esposa Araceli García Garnica, a su cuñada Martha Patricia García Garnica, a su concuño y cónyuge de esta última, Raúl Mauricio Ortega Almazán y a Sandra Lucía Balón Narciso, directora de la Instancia de la Mujer del municipio.
Una vez conseguido el triunfo de cinco de 10 consejerías en juego, por el Tercer Distrito, a finales de julio pasado, la inmediata rebatinga por los cargos del Comité Directivo Estatal afianzaría la complicidad del munícipe cuautlense con los hermanos Bravo, al nombrar a Martha Patricia como secretaria general de un partido que le era tan ajeno como el nuevo encargo político.
Una muestra de la nula participación de ella, ya no se diga en la lucha social o política, sino en la militancia partidista, la constituye sus redes sociales, como Facebook, donde apenas tiene 62 “me gusta” y 88 seguidores, a pesar de ser la dirigente estatal del partido con más afiliados y simpatizantes de Morelos y el país.
En la heroica e histórica ciudad no se preguntan cómo es que una dentista sin militancia política, sin ideología definida y totalmente desinteresada de temas sociales, hubiera llegado tan repentinamente a dirigir el partido más popular del país. Y no se lo preguntan porque muchas personas conocen la codicia de su familiares políticos y de sangre, como el matrimonio Arredondo-García.
Los menos, un grupo muy reducido de residentes de la otrora llamada Ciudad de los balnearios, saben más que eso. Tienen los detalles y las pruebas de los actos ilegales de Arredondo desde que él fue director del SOAPSC.
Documentales esas que evidencian, por ejemplo, que la flamante dirigente del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cobraba como «aviadora», vía su esposo –el también dentista y ahora consejero morenista– Raúl Mauricio Ortega, una cantidad superior a los 21 mil pesos mensuales, durante años, por concepto de honorarios por lista de raya, en el SOAPSC, sin haber trabajado un solo día en ese organismo.
Aficionado a allegarse del dinero público a través del alta de numerosos «aviadores» (que cobran sin trabajar) , obras ficticias, de compra de materiales innecesarios o en cantidades superlativas e irreales, así como de acciones fraudulentas al frente del SOAPSC, como las que constan en la denuncia formulada por la senadora Lucía Meza Guzmán ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la audacia de Arredondo llega aún más allá.
Se tienen pruebas de su firma autógrafa de los recibos de nómina y lista de raya de «aviadores» por salarios cuantiosos, asimismo, de anotaciones de puño y letra de órdenes de actos ilegales para desviar recursos públicos y hasta de falsificaciones y acciones que se encausarían como fraudes fiscales.
Los cobros de «aviadores» por lista de raya pueden ser ratreados con facilidad, pues se realizaban a través de cheques y existen las firmas del hoy presidente en las pólizas.
El loco frenesí del inexperto Ulises Bravo y del propio Arredondo y su esposa por agandallarse el partido más competitivo, con la intención de acaparar las candidaturas en 2024, ponen la mira directamente en las ilegalidades de ambos, sobre todo, del segundo en mención, toda vez que es el que tiene el cargo público.
Los legisladores locales y federales al cumplir con su mandato constitucional deberían ser los encargados de formalizar los procesos legales para las revisiones de parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización estatal, así como de la ASF, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del vertical e incorruptible Pablo Gómez Álvarez.
Ello, si no es que antes alguien de la ciudadanía realiza el acto ejemplar que dejaría al «Caso Lobito» de Cuernavaca, como un juego de niños, comparado con el posible «Caso Arredondo».
