Por Silvia Lozano Venegas
Cuernavaca, Morelos; 15 de enero de 2019. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, Rosalina Mazari Espín, insistió que el paquete económico que aprobaron 15 diputados, aunque son mayoría, está viciado y es inconstitucional; asimismo, anunció que se defenderá, ante el intento para destituirla de su comisión que encabeza.
En conferencia de prensa, luego de que sesionó la comisión de hacienda, comisiones unidas y de asuntos indígenas, que no se llevó a cabo por la falta de quórum, la diputada priista, Rosalina Mazari Espín, señaló ante la falta de dictámenes de la ley de Ingresos y Egresos del Presupuesto, del Código Fiscal, y de la Ley de Coordinación Hacendaria, que no contienen su firma y que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso no convocó a la sesión del pleno donde se aprobó el paquete económico 2019, esta viciado de origen y cualquier persona que interponga un amparo lo gana porque no tiene fundamento legal.
Explicó que aunque son mayoría, así sean 18 diputados o más, sino se apegan a la ley, es ilegal y que además en su dictamen se les olvidó considerar presupuesto para el Tribunal Electoral del estado de Morelos y al Tribunal de Justicia Administrativa por lo que después entregaron un anexo.
Lamentó que recortaron salud y no es justificable que se hayan aumentado 100 millones de pesos más para el Congreso del estado, por lo que no es un presupuesto social y el Ejecutivo tendrá que proceder, pero en tanto, descartó una parálisis económica.
Y calificó como “vergonzoso” que la diputada Tania Valentina se haya adjudicado 10 millones de pesos para su fundación.
Asimismo, cuestionada ante su posible remoción de la Comisión de Hacienda y del presidente de la Mesa Directiva, respondió que no está de acuerdo que las mayorías estén por encima de la ley y convocar a periodo extraordinario y luego someterlo al pleno, porque aseguró que no cometió ningún acto grave que amerite que se tenga que ir.
Anunció que podría interponer un amparo y que cada uno de sus compañeros asuma el costo político de no haber aprobado un presupuesto equilibrado que diera certeza jurídica y económica al estado.
No obstante, recalcó que se defenderá, aunque le apuesta a la civilidad.
