Cuernavaca, Morelos; 5 de enero de 2022. Por salud pública, es urgente y necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) aplique sus facultades de atracción en los casos de presunta relación de servidores públicos con organizaciones delictivas en Morelos, afirmó el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Pérez Flores.
“Debemos poner ya un alto en este tipo de historias, que se han repetido desde el sexenio de Jorge Carrillo Olea. Por el bien de Morelos, no podemos seguir en esta dinámica que afecta a todos los morelenses”, sentenció el legislador por el XI Distrito.
Pérez Flores señaló que a raíz de la detención de Rosario “N” o Esther Yadira “N” el pasado 6 de noviembre mediante un operativo de fuerzas federales, surgieron nuevas versiones de nexos de servidores públicos con organizaciones delictivas.
“Es urgente que exista el deslinde de responsabilidades, tal como lo marca la ley, porque la filtración de fotografías o indicios solo genera un clima de inestabilidad que no le beneficia a Morelos”, manifestó Pérez Flores quien subrayó que, para este caso, la FGR puede atraer el caso para su investigación desde el orden federal conforme a las fracciones I y XIII del artículo 10 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si se concreta la facultad de atracción, las autoridades de todos los niveles de gobierno de Morelos deben tener la responsabilidad de cooperar, pues solo así conoceremos la verdad en la presunta relación de políticos o servidores públicos con organizaciones delictivas, agregó.
El también presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la LV Legislatura recordó que el pasado 21 de octubre presentó ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por el cual se exhortó a la FGR para que acelere las investigaciones de la denuncia presentada por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos, en contra de actores políticos de Morelos, que fomentan la delincuencia organizada en la entidad.
El punto de acuerdo se derivó de la comparecencia del titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, celebrada el 8 de octubre.
En su comparecencia, el comisionado “nos informó que, en el año 2019, presentó una denuncia ante la FGR y aportó evidencia en su poder, relacionada con servidores públicos que fomentan la delincuencia organizada en la entidad”.
Y también declaró que contaba con “informes de diferentes reuniones entre actores políticos y líderes de la delincuencia organizada, con los que pretenden controlar la actividad criminal y simular la paz en esta entidad para que libremente un solo cártel tome el control de Morelos”.
Si hay esas evidencias, y se practicó el operativo del 6 de noviembre, y hay voluntad política expresada por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y otros actores públicos, entonces es necesaria la intervención de la FGR, puntualizó Pérez Flores.
“Debemos poner ya un alto en este tipo de historias, que se han repetido desde el sexenio de Jorge Carrillo Olea. Por el bien de Morelos, no podemos seguir en esta dinámica que afecta a todos los morelenses”, sentenció el legislador por el XI Distrito.
Pérez Flores señaló que a raíz de la detención de Rosario “N” o Esther Yadira “N” el pasado 6 de noviembre mediante un operativo de fuerzas federales, surgieron nuevas versiones de nexos de servidores públicos con organizaciones delictivas.
“Es urgente que exista el deslinde de responsabilidades, tal como lo marca la ley, porque la filtración de fotografías o indicios solo genera un clima de inestabilidad que no le beneficia a Morelos”, manifestó Pérez Flores quien subrayó que, para este caso, la FGR puede atraer el caso para su investigación desde el orden federal conforme a las fracciones I y XIII del artículo 10 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si se concreta la facultad de atracción, las autoridades de todos los niveles de gobierno de Morelos deben tener la responsabilidad de cooperar, pues solo así conoceremos la verdad en la presunta relación de políticos o servidores públicos con organizaciones delictivas, agregó.
El también presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la LV Legislatura recordó que el pasado 21 de octubre presentó ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por el cual se exhortó a la FGR para que acelere las investigaciones de la denuncia presentada por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos, en contra de actores políticos de Morelos, que fomentan la delincuencia organizada en la entidad.
El punto de acuerdo se derivó de la comparecencia del titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, celebrada el 8 de octubre.
En su comparecencia, el comisionado “nos informó que, en el año 2019, presentó una denuncia ante la FGR y aportó evidencia en su poder, relacionada con servidores públicos que fomentan la delincuencia organizada en la entidad”.
Y también declaró que contaba con “informes de diferentes reuniones entre actores políticos y líderes de la delincuencia organizada, con los que pretenden controlar la actividad criminal y simular la paz en esta entidad para que libremente un solo cártel tome el control de Morelos”.
Si hay esas evidencias, y se practicó el operativo del 6 de noviembre, y hay voluntad política expresada por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y otros actores públicos, entonces es necesaria la intervención de la FGR, puntualizó Pérez Flores.
