Como discriminación califica diputada negativa a participación de mujeres en elecciones

María Teresa Dominguez Rivera (PRD)
María Teresa Dominguez Rivera (PRD)

Por Lola Olivares

Cuernavaca, Morelos; 20 de marzo de 2013. La actuación de los pobladores y el ayudante municipal de la comunidad de Valle de Vázquez, Tlalquitenango, quienes escudados en «los Usos y Costumbres» impidieron que Blanca Casares Cardoso, habitante del lugar, participara en el proceso para elegir al ayudante municipal,  es un acto pleno de discriminación, aseveró Teresa Domínguez Rivera diputada local y presidenta de la Comisión de Equidad.

En entrevista, la legisladora lamentó la actuación ya que dijo es un «claro retroceso» en la democracia y en la participación de las mujeres en la vida política del estado.

«Esto habla de una actitud totalmente intransigente de ciertos grupos que representan liderazgos importantes en los municipios. Esto es un reflejo de las costumbres de la actuación de la sociedad, es un reflejo de la discriminación y violencia hacia nosotras (las mujeres)» aseguró.

Puntualizó que los «Usos y Costumbres» no pueden ir en contra de la mitad de la población que habita en el  estado, por lo que la defensa para evitar la participación de las féminas es «indefendible».

«Los Usos y Costumbres son parte de una cultura que es defendible y que apoyamos, pero no en contra de un grupo social que trae a todos los seres humanos al mundo y un grupo social que permite que la sociedad evolucione y se desarrolle, creo que es muy delicado esto porque en base a Usos y Costumbres hemos visto delitos cometidos en todo sentido contra este sector», explicó

El de Blanca Casares Cardoso no es el primer caso de una mujer que le niegan la participación en procesos electorales, en 2007 Eufrosina Cruz Mendoza buscó ser alcalde de su municipio, Santa María Quiegolani, Oaxaca, sin embargo, el sistema político de usos y costumbres local impedía a las mujeres votar y ser votada. Hoy, Cruz Mendoza es diputada federal.

 

Más de 62 mil 500 morelenses padecen enfermedades por agua contaminada

Caida de agua
Caida de agua

Por Lola Olivares

Cuernavaca, Morelos; 20 de marzo de 2013. Anualmente, en Morelos hay un promedio de 62 mil 500 casos de enfermedades hídricas, es decir, aquellas relacionadas con la falta de saneamiento del agua, informó Juan Carlos Valencia Vargas, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Gastroenteritis, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea son algunos de los padecimientos relacionados con la falta de infraestructura para saneamiento del líquido.

Tan sólo en el estado existen 450 mil personas que no tienen acceso al saneamiento básico del agua y 150 mil más que no tienen acceso al agua potable, es decir, que no cuentan con el servicio en sus domicilios, la mayor parte de estas personas habita en la zona oriente y los altos de Morelos, lugar de difícil acceso y por tanto carente de infraestructura hídrica.

Al presentar las acciones que se realizarán para conmemorar  el «Día Mundial del Agua 2013» en Morelos,  este próximo 22 de marzo,  Juan Carlos Valencia detalló que es precisamente por la falta de infraestructura que se presentan las enfermedades, pues la gente no toma agua potable o tratada con los procesos necesarios para evitar su contaminación.

Por todo lo anterior, indicó que este año invertirán una cantidad importante de recursos para echar a andar la infraestructura con la que se puede sanear el líquido como las plantas tratadoras, pues recordó que existen 25 que no están operando y 20 más que operan debajo de su capacidad.

«La meta es reducir a la mitad el número de habitantes sin acceso al agua potable, pero como no tenemos los recursos suficientes trabajaremos para minimizar un cuarto, invirtiendo 500 millones de pesos al año», destacó.

 

La autodefensa un derecho del pueblo: CIDH

 

josePor Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos; a 19 de marzo del 2013. José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la autodefensas es un derechos de los pueblos, ya que la autonomía indígenas y libre determinación están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos, instrumentos legales vigentes en México.

Dijo que Se ha descalificado como si fuera ilegal la existencia de policías comunitarias, bajo la lógica del mando único y el monopolio del uso de la fuerza por parte del gobierno, cuando las atribuciones legales están contempladas en el Convenio 169 de la OIT en el sentido de garantizar la autonomía y libre determinación. Y en Morelos existen formas de participación comunitaria a través de las rondas electas, destacando el caso de Ocotepec, donde todos sus integrantes son electos en asamblea y no son designados por el ayudante municipal.

Asimismo, aseveró que en los casos de Tetelcingo, Huazulco, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tenextepango y otras comunidades que han decidido formar rondas comunitarias, el tema se ha querido circunscribir al uso o no de armas exclusivas del ejército, cuando lo fundamental es reconocer el derecho a participar en una verdadera seguridad ciudadana y no seguir en la lógica de la profesionalización de policías que se alejan cada vez más del pueblo y vuelven sus armas contra la población más que contra quienes cometen delitos.

“Hay que tomar como referencia precisamente que Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario “México Seguro” ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería”, afirmó Martínez Cruz.

“En Morelos, la diferencia es clara, ya que aún no existen todos los mecanismos para el establecimiento de formas alternativas de justicia como el que se lleva a cabo en Guerrero, pero en lugar de atacar estos procesos, el gobierno debería reconocer el aporte que se realiza mediante una mayor participación de la población en conseguir una seguridad en donde el gobierno ha demostrado no sólo ineficacia, sino incapacidad para superar corrupción, complicidad y autoritarismo. Si no es así, ¿acaso respetará verdaderamente la decisión de conformar municipios autónomos?”, puntualizó José Martínez Cruz.